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El magistrado ordenó una batería de más de 20 medidas de prueba a pedido del fiscal Gerardo Pollicita para analizar el patrimonio del presidente de la AFA en su rol como funcionario del CEAMSE.
En el marco de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia, el juez federal Ariel Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario, bursátil y financiero sobre el dirigente. La resolución responde a un requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita y contempla una veintena de medidas destinadas a reconstruir la evolución patrimonial, laboral y financiera del investigado.
La causa tuvo su origen en una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni y enfoca la mirada sobre la función pública de Tapia en el CEAMSE entre los años 2016 y 2025 —donde se desempeñó como vicepresidente en representación de CABA y luego como presidente por la Provincia de Buenos Aires—, así como sobre sus haberes percibidos en la CONMEBOL. Su rol como titular de la AFA, al ser un cargo ad honorem, no forma parte del objeto central del expediente.
Entre las principales diligencias, el juzgado exigió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) el envío de las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, consumos, facturación y activos registrados, a fin de determinar si su patrimonio guarda concordancia con los ingresos percibidos en el organismo público. A su vez, se emitió un exhorto internacional a la sede de la CONMEBOL en Paraguay para obtener copia de su legajo, los cargos ejercidos y las cuentas bancarias utilizadas para el cobro de sus haberes.
El rastreo financiero incluye también al Banco Central (BCRA) para relevar cuentas corrientes, plazos fijos, cajas de seguridad, préstamos y transferencias al exterior, como así también al ecosistema de criptoactivos. Plataformas como Binance, Ripio, Belo y Ualá, junto a la Comisión Nacional de Valores (CNV), deberán informar en un plazo de 72 horas si existen cuentas, billeteras virtuales o transacciones a nombre del dirigente. La batería de medidas se completa con pedidos de informes a la Dirección Nacional de Migraciones, los registros de la propiedad inmueble y automotor, y la Unidad de Información Financiera (UIF).
