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El presidente Alberto Fernández declaró el «Estado de Emergencia Hídrica» por 180 días en la región de la cuenca del río Paraná que afecta a las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires, ante la histórica bajante que se registra en esa región.
La decisión se tomó a través de un decreto que faculta al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en su carácter de presidente del Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, a «delimitar las áreas afectadas por la emergencia».
De igual modo, el decreto instruye a diferentes áreas del Gobierno a adoptar medidas para «mitigar las consecuencias de la grave situación que genera la bajante». El Banco Nación y la AFIP dispondrán la asistencia en materia crediticia e impositiva, respectivamente.
Los ministerios de Desarrollo Productivo y de Trabajo establecerán las acciones pertinentes para la preservación de la actividad productiva y puestos de trabajo; Obras Públicas dispondrá y monitoreará la realización de obras de infraestructura; Seguridad, a través del Sistema Nacional de Alerta Temprana y Monitoreo de Emergencias (SINAME), planificará las medidas de apoyo y toma de decisiones, y por intermedio del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), asistirá las poblaciones ribereñas.
En esa línea Ambiente y Desarrollo Sustentable mantendrá el control de incendios, y el Ministerio de Transporte «observará las posibilidades de navegación y acceso a puertos; el Instituto Nacional del Agua brindará sus servicios técnicos con relación a la emergencia; la Secretaría de Energía, asegurará el abastecimiento de energía eléctrica y el Ministerio del Interior se encargará de la coordinación con las provincias afectadas».
