La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados comenzó esta tarde una nueva ronda de consultas para reformar la ley de alquileres, en la que los principales ejes de la discusión pasan por los plazos de los contratos y el sistema de actualización de los mismos.

Durante la reunión de la comisión -que conduce Cecilia Moreau (Frente de Todos)- expondrán treinta invitados de asociaciones de inquilinos de todo el país, martilleros, inmobiliarias y propietarios, así como funcionarios de Defensa del Consumidor.

«Si mañana la evaluación de los diputados es que hagamos otra reunión más lo vamos a charlar y estableceremos una fecha, sino la semana que viene nos abocaremos a la discusión de un dictamen», afirmó Moreau, al abrir el debate.

El primero en exponer fue Federico Priori de Inquilinos Agrupados de Neuquén, quien sostuvo que «el que debe equilibrar esa relación asimétrica entre inquilinos y propietarios es el Estado» y planteó que «acá se van a disputar dos modelos: uno tiene que ver con la intervención del Estado y otro que directamente las leyes del mercado nos gobiernen», a la vez que se pronunció a favor de «defender el ajuste anual y los contratos de 3 años».

Por su parte, la investigadora Laura Ceroli, Docente de Planificación Urbana, la actual ley «es perfectible» y destacó la importancia de «mantener contratos de 3 años, reemplazar el índice de actualización por uno más representativo que abarque a toda la población inquilina, así como la penalización para propietarios de viviendas ociosas».

También, Javier Grandinetti, de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario, sostuvo que «el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, que debe tener respuestas por parte del Estado. La vivienda tendría que ser una política de Estado» y destacó la importancia de buscar «una política de créditos para que los inquilinos vuelvan a ser propietarios y una política para incrementar la oferta».

De acuerdo al cronograma de trabajo de la comisión, las reuniones informativas concluirán este miércoles, y en la última semana de abril los legisladores se dedicarán a analizar las diferentes propuestas para reformar la ley votada en 2020