El Senado se prepara para una sesión clave este viernes, donde se tratará el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. La atención está centrada en dos artículos que generan resistencia entre los bloques opositores y podrían definir la votación.
Artículo 30: el principal foco de rechazo
El artículo 30 propone eliminar los pisos mínimos de financiamiento para áreas como Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef). Actualmente, la ley exige:
- 6% del PBI para educación
- 1% para ciencia y tecnología
- 0,2% para educación técnica
- 0,8% para reequipamiento de las fuerzas armadas
De aprobarse el proyecto, estos porcentajes dejarían de ser obligatorios. La oposición dialoguista y sectores del peronismo anticiparon que rechazarán esta medida, lo que convierte la votación en ajustada.
Artículo 12: nuevos controles a las universidades
El artículo 12 establece que las universidades nacionales deberán presentar información detallada sobre el uso de fondos ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano. El incumplimiento podría derivar en la suspensión de transferencias, lo que genera inquietud por una posible afectación de la autonomía universitaria.
Un legislador opositor señaló:
“Básicamente, te dice que si un funcionario considera que una universidad no le da la información que considera pertinente, cierra la canilla. Me parece demasiado.”
Contexto político y expectativas
La versión del Presupuesto que llegó al Senado excluye el capítulo XI, que derogaba leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario. La bancada oficialista de La Libertad Avanza, presidida por Patricia Bullrich, cuenta con más de 45 votos asegurados para la aprobación general del texto, aunque persisten dudas sobre los artículos 12 y 30.
El peronismo llegará dividido: algunos senadores cercanos a gobernadores dialoguistas podrían aprobarlo, mientras que el sector alineado con Cristina Kirchner rechaza cualquier recorte en educación, ciencia y políticas sociales.
Para el Gobierno, la aprobación marcaría una señal de estabilidad política y económica, mientras que la oposición busca establecer límites y preservar recursos estratégicos. En caso de que se modifiquen los artículos, el texto podría volver a Diputados para una segunda revisión, con solo dos días hábiles antes de fin de año.
