La disputa por el control institucional y contable de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio Tapia, escaló a un nuevo nivel político tras la decisión del gobierno bonaerense de validar formalmente el cambio de domicilio de la entidad a la calle Mercedes 1366, en el partido de Pilar.
La resolución fue firmada por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ), organismo dependiente de la administración de Axel Kicillof, y se conoció menos de dos horas después de que la Inspección General de Justicia (IGJ), encabezada por Daniel Vítolo, solicitara la designación de veedores para examinar los estados contables de la AFA.
La simultaneidad de ambas decisiones convirtió una controversia administrativa en un episodio de confrontación institucional entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires.
Un domicilio bajo discusión
La DPPJ dio por finalizado el trámite de cambio de jurisdicción y reforma estatutaria aprobado por la Asamblea General Ordinaria del 17 de octubre de 2024, que estableció el traslado del domicilio legal a territorio bonaerense. El Comité Ejecutivo fijó la sede social en Mercedes 1366 y mantuvo la sede deportiva en el Predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza.
La disposición provincial es concluyente: reconoce la radicación en el partido de Pilar y, con ello, consolida la competencia exclusiva del órgano bonaerense para fiscalizar a la entidad.
Sin embargo, inspectores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la IGJ habían constatado previamente que en la dirección declarada no funcionaría ninguna oficina administrativa y describieron el lugar como un baldío. Pese a esa verificación, la Provincia no condicionó la inscripción y validó el domicilio.
Desde el punto de vista jurídico, el acto administrativo convalida formalmente la sede declarada. En el plano político, el gesto fue leído como un respaldo directo a Tapia en medio de cuestionamientos nacionales sobre la administración de los fondos del fútbol.
El pedido de veedores y el conflicto de competencia
Horas antes del reconocimiento provincial, la IGJ había difundido una resolución en la que solicitó la designación de veedores para revisar de manera integral la documentación contable de la AFA. El organismo fundamentó la medida en la falta de presentación en tiempo y forma de estados contables y otra información complementaria requerida.
Según la IGJ, la designación de veedores no implica una intervención, sino una herramienta de control legal prevista en la normativa vigente para examinar libros, balances y documentación respaldatoria.
El punto central del conflicto es la competencia. Con la inscripción formal del cambio de jurisdicción, la Provincia sostiene que la IGJ perdió el poder de policía sobre la AFA. La propia entidad reflejó esa postura en un comunicado en el que afirmó que, tras la inscripción ante la DPPJ, la IGJ “carece de legitimidad y jurisdicción” para expedirse sobre el cambio de domicilio o ejercer control de legalidad respecto de la reforma estatutaria.
En consecuencia, la AFA sostiene que queda fiscalizada exclusivamente por el organismo provincial.
Nación vs. Provincia: un nuevo capítulo político
El trasfondo excede lo contable. La disputa se inserta en la tensa relación entre el gobierno bonaerense y la administración nacional de Javier Milei.
Desde la Casa Rosada, el pedido de veedores se inscribe en una narrativa de auditoría y control de estructuras consideradas opacas. La fiscalización de una institución económicamente poderosa y simbólicamente central como la AFA refuerza ese mensaje.
Desde La Plata, en cambio, el reconocimiento del domicilio y la validación de la jurisdicción bonaerense se presentan como una reafirmación del federalismo y de la autonomía provincial frente a la Nación.
La AFA no es una asociación civil más. Administra recursos millonarios derivados de derechos televisivos, contratos comerciales y competencias internacionales, además de concentrar un capital simbólico decisivo en la sociedad argentina. Por eso, el enfrentamiento institucional trasciende lo técnico y adquiere inevitablemente dimensión política.
Escenario abierto
El conflicto podría escalar hacia la judicialización si la IGJ avanza con la designación de veedores y la Provincia desconoce esa facultad. También podría derivar en una negociación política que descomprima la disputa.
Por ahora, el dato concreto es que el gobierno de Kicillof consolidó la radicación formal de la AFA en territorio bonaerense y blindó a su conducción en el terreno donde hoy se libra la pelea: el control administrativo y contable.
La pregunta de fondo sigue abierta: quién tiene la autoridad para exigir la información financiera de la principal entidad del fútbol argentino y bajo qué jurisdicción debe ejercerse ese control.
