La Asociación del Fútbol Argentino fue allanada este viernes en sus dos principales sedes, ubicadas en la calle Viamonte de la Ciudad de Buenos Aires y en el predio de Ezeiza, en el marco de una investigación judicial por presuntas irregularidades en contratos internacionales.
Los operativos fueron ordenados por el juez Adrián González Charvay y estuvieron a cargo de la Prefectura Naval Argentina. El objetivo principal fue secuestrar documentación vinculada a acuerdos firmados entre la AFA y la firma TourProdEnter LLC.
Contratos bajo la lupa
La investigación apunta a los convenios celebrados con la empresa vinculada al empresario Javier Faroni, que tenía a su cargo la representación comercial de la AFA en el exterior.
Según consta en la causa, la firma actuaba como agente exclusivo para la promoción de acuerdos de sponsoreo, organización de eventos y cobro de contratos internacionales, percibiendo una comisión del 30% más un 10% adicional por tareas logísticas.
La Justicia también busca documentación contable que permita reconstruir el circuito del dinero y determinar el origen de los fondos, en particular en relación con la compra de una propiedad de alto valor en Pilar.
Sospechas sobre una operación millonaria
El expediente investiga la adquisición de una quinta valuada en unos 17 millones de dólares, que habría sido comprada —según la hipótesis judicial— a través de intermediarios o testaferros vinculados a dirigentes del fútbol argentino.
La propiedad figura a nombre de una sociedad privada, cuyos titulares no habrían podido justificar el origen de los fondos utilizados en la operación.
Además, una denuncia presentada por dirigentes de la Coalición Cívica advierte sobre la existencia de una presunta red financiera internacional que, entre 2021 y 2025, habría canalizado más de 300 millones de dólares fuera del circuito bancario argentino.
Múltiples causas y disputa judicial
El caso se investiga en distintos fueros judiciales: en Campana, en Lomas de Zamora y en la Ciudad de Buenos Aires. Ante esta situación, el juez González Charvay planteó la necesidad de unificar las investigaciones para evitar superposiciones o fallos contradictorios.
La definición sobre qué tribunal continuará con el expediente quedó ahora en manos de la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá resolver la competencia en las próximas semanas.
La audiencia clave fue fijada para el 30 de marzo, donde se debatirá si la causa seguirá en el fuero federal de Campana o si regresará al ámbito penal económico de la Ciudad de Buenos Aires.
Transferencias y posibles vínculos
En paralelo, la documentación bancaria aportada desde Estados Unidos habría detectado transferencias hacia sociedades relacionadas con Pablo Toviggino, lo que amplió el foco de la investigación.
El expediente se centra en reconstruir la trazabilidad del dinero y determinar si existió un esquema de desvío de fondos vinculado a negocios del fútbol profesional.
