4 min de lectura
El Gobierno nacional avanza con un proyecto de ley que promete generar un fuerte debate. Entre las múltiples reformas incluidas en la iniciativa de desregulación que será enviada al Congreso figura la eliminación del régimen específico que controla el funcionamiento de los planes de ahorro para la compra de vehículos 0 km, un sistema que hoy representa cerca del 30% de las ventas de autos nuevos en Argentina.
La propuesta, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, forma parte de un paquete de reformas que alcanza a distintos sectores de la economía, desde actividades comerciales y profesionales hasta servicios financieros y transporte. En el caso de los planes de ahorro, el cambio implicaría reducir significativamente la intervención estatal sobre las administradoras y las condiciones en las que operan.
Qué establece el proyecto
Actualmente, los planes de ahorro están bajo la órbita de la Inspección General de Justicia (IGJ), a través del Departamento Federal del Ahorro. Ese organismo controla la constitución de las sociedades administradoras, verifica su solvencia financiera y supervisa el cumplimiento de los compromisos asumidos con los suscriptores.
Sin embargo, el proyecto propone derogar el decreto 142.277, vigente desde 1943, que regula específicamente la actividad de las empresas de capitalización y ahorro. De aprobarse la iniciativa, los contratos pasarían a regirse únicamente por el Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor, eliminando el control preventivo que hoy ejerce la IGJ.
Según el texto, la modificación quedará plasmada en los artículos 159 y 160 del proyecto.
Las garantías que podrían perder los consumidores
Uno de los principales cuestionamientos a la iniciativa es que los ahorristas dejarían de contar con un organismo que supervise cómo se administran los fondos y garantice el cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas.
La normativa vigente regula aspectos centrales del sistema, como la conformación de los grupos de ahorro, la utilización de las cuotas abonadas por los suscriptores, los plazos de entrega de los vehículos una vez adjudicados, los costos administrativos y hasta el valor de los seguros sobre las unidades prendadas.
Desde una de las administradoras del sector advirtieron que, si desaparece ese marco regulatorio, cualquier empresa podría lanzar un plan de ahorro sin demostrar previamente solvencia económica.
«Hoy la ley obliga a cumplir determinadas condiciones y permite controlar el destino de los fondos. Si ese control desaparece, el consumidor solo podrá reclamar cuando el incumplimiento ya se produjo», señalaron desde el sector.
El ejemplo de Honda y el respaldo exigido por la ley
La importancia de la regulación quedó reflejada recientemente con la creación de Honda Plan Argentina (HPA), la empresa que administrará los planes de ahorro para motocicletas de la marca japonesa.
La sociedad fue constituida en enero de este año con un capital de USD 5 millones y una estructura accionaria integrada por Honda South America (60%) y Honda Motor de Argentina (40%). Su habilitación demandó casi tres años de trámites y la aprobación de los organismos competentes, precisamente para garantizar el respaldo financiero de la operatoria.
Con la derogación del régimen actual, requisitos de este tipo dejarían de ser obligatorios.
Un mercado en plena transformación
La discusión llega en un momento de expansión del sistema de planes de ahorro. Varias automotrices chinas comenzaron a ofrecer esta modalidad para comercializar sus vehículos híbridos y eléctricos, aunque muchas lo hacen mediante administradoras tercerizadas.
Para el especialista en planes de ahorro Pablo Piñeiro, el cambio podría generar mayores riesgos para quienes buscan acceder a un vehículo mediante este mecanismo.
«Las marcas con mayor volumen de ventas podrán conformar los grupos sin inconvenientes, pero las más pequeñas podrían tener dificultades para reunir la cantidad de suscriptores necesaria. Si eso ocurre, los grupos podrían disolverse y el ahorrista asumiría un riesgo mucho mayor», explicó.
Piñeiro fue aún más contundente sobre el impacto que podría tener la desregulación: «Comprar un auto mediante un plan de ahorro sin ningún tipo de control estatal sería una pésima decisión. No lo recomendaría».
Un debate que recién comienza
El proyecto todavía debe ser debatido en el Congreso, pero ya abrió un fuerte contrapunto entre quienes consideran que la desregulación permitirá mayor competencia y quienes advierten que la eliminación de los controles dejará a miles de ahorristas con menos herramientas para resguardar el dinero que destinan, mes a mes, a la compra de un vehículo.
