El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial solicitó agravar la acusación en la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes por miles de millones de pesos y en la que ya fueron procesados el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, junto a otros dirigentes.
La presentación se realizó ante la Cámara en lo Penal Económico, luego de que el fiscal apelara la resolución del juez Diego Amarante. Según sostuvo, el fallo dejó afuera un componente central de la maniobra investigada: los fondos vinculados a ingresos por publicidad y patrocinio de torneos.
De acuerdo con el planteo de la fiscalía, esa exclusión implicó un recorte “arbitrariamente restrictivo” de la acusación original. En particular, cuestionó que no se haya considerado el denominado “subconcepto 551” del impuesto 353, que grava con una alícuota del 7,5% los ingresos por sponsoreo oficial.
Para Navas Rial, ese punto no es accesorio sino “parte inescindible” del esquema investigado, ya que involucra los montos más significativos. En ese sentido, advirtió que su exclusión reduce de manera artificial el alcance del caso, impactando tanto en los embargos —fijados en 350 millones de pesos para Tapia y Toviggino— como en la reconstrucción integral de los hechos.
La causa gira en torno a presuntas retenciones y percepciones que no habrían sido depositadas al sistema de seguridad social, por un total estimado en 19.000 millones de pesos. En ese esquema, la AFA y la Liga Profesional actuaban como agentes de retención, obligados a derivar esos fondos a aportes y contribuciones correspondientes a clubes, futbolistas y empleados.
Uno de los ejes del conflicto radica en si los ingresos por patrocinio comercial debían incluirse dentro de esas obligaciones. Para la fiscalía, esos recursos nunca formaron parte del patrimonio disponible de las entidades, sino que correspondían a terceros desde su origen.
En su apelación, el fiscal advirtió que la decisión judicial implica “un cierre anticipado del proceso”, al limitar el análisis de la maniobra a una parte de los hechos. “No se cuestiona el procesamiento sino su indebida restricción por el análisis fragmentario”, sostuvo.
El caso ahora será revisado por la sala A de la Cámara en lo Penal Económico, integrada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, quienes deberán resolver tanto la apelación del fiscal como los planteos de las defensas.
Además de Tapia y Toviggino, también apelaron sus procesamientos el secretario general Cristian Malaspina y los exdirectivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo. Las defensas buscan revertir las imputaciones por retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones correspondientes a los años 2024 y 2025.
En una resolución previa, el juez Amarante sostuvo que, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa, se encuentra acreditada la participación de Tapia y Toviggino en los hechos investigados, en función de sus roles y facultades dentro de la conducción de la entidad.
La decisión de la Cámara será clave para definir el alcance definitivo de la acusación y el futuro del expediente.
