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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió exonerar a Ricardo Echegaray de la administración pública nacional luego de considerar ejecutable la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que le fue impuesta por la Justicia en la causa Oil Combustibles.
La medida fue adoptada mediante una disposición administrativa firmada esta semana y comunicada a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), organismo encargado de supervisar cuestiones vinculadas a la integridad y el control de la función pública.
Según surge de la resolución, ARCA entendió que corresponde hacer efectiva la sanción administrativa derivada de la condena penal que pesa sobre quien fuera titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
La decisión se produjo luego de que la Cámara Federal de Casación Penal declarara inadmisible un recurso extraordinario presentado por la defensa de Echegaray, situación que permitió avanzar con la ejecución de la pena accesoria de inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones públicas.
Desde el organismo recaudador señalaron que la exoneración no implica una nueva evaluación sobre los hechos investigados ni la apertura de un procedimiento disciplinario independiente, sino el cumplimiento de una consecuencia administrativa prevista por la normativa vigente ante una condena firme que incluye la imposibilidad de desempeñarse en cargos estatales.
La condena en la causa Oil Combustibles
Echegaray fue condenado por el Tribunal Oral Federal N.º 3 por el delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. La sentencia le impuso una pena de cuatro años y ocho meses de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La investigación estuvo vinculada al funcionamiento de Oil Combustibles, empresa perteneciente al Grupo Indalo de Cristóbal López y Fabián De Sousa. Según la Justicia, la compañía dejó de transferir al Estado fondos correspondientes al Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), mientras recibía facilidades de pago consideradas irregulares.
Los jueces concluyeron que desde la AFIP se implementó un esquema que permitió postergar durante años el cobro de una deuda millonaria, ocasionando un perjuicio a las arcas públicas.
La máxima sanción administrativa
La exoneración constituye la sanción más severa contemplada en el régimen disciplinario aplicable al personal de ARCA. En términos prácticos, implica la desvinculación definitiva del organismo y la imposibilidad de ejercer funciones públicas en el marco de la inhabilitación dispuesta judicialmente.
La resolución representa además un cierre administrativo para uno de los expedientes más significativos derivados de las investigaciones por presuntos hechos de corrupción vinculados a la gestión kirchnerista.
Con la comunicación formal enviada a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, ARCA dejó asentado que considera plenamente vigente y ejecutable la inhabilitación impuesta por la Justicia y, en consecuencia, procedió a la exoneración de Ricardo Echegaray de la administración pública nacional.
