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El borrador del proyecto de “Inocencia Fiscal” impulsado por el Ministerio de Economía introduce una serie de cambios relevantes en el sistema tributario argentino. La iniciativa, que aún debe ser tratada en el Congreso, apunta a ampliar el universo de contribuyentes alcanzados y facilitar la incorporación de fondos no declarados al circuito formal.
El esquema fue explicado por la tributarista Fernanda Laiún en una entrevista con Infobae en Vivo, donde detalló los principales puntos de la reforma.
Un régimen sin topes de ingresos ni patrimonio
Uno de los cambios centrales del proyecto es la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio para adherir al régimen. Según la especialista, cualquier contribuyente podría incorporarse sin importar su nivel de facturación o riqueza declarada.
De acuerdo con el borrador, el único requisito general sería haber sido residente fiscal argentino durante el período correspondiente.
Incorporación de fondos y beneficios fiscales
El proyecto establece la posibilidad de incorporar dinero no declarado al sistema financiero hasta el 31 de diciembre de 2027 sin que ese ingreso sea utilizado automáticamente para determinar evasión fiscal sobre períodos anteriores.
En términos prácticos, esto implica que los fondos regularizados dentro del plazo no podrían ser tomados como base para ajustes impositivos retroactivos, lo que algunos especialistas describen como un mecanismo similar a un “blanqueo encubierto”, aunque sin un costo explícito de adhesión.
Un “tapón fiscal” y simplificación de declaraciones
El régimen también prevé una simplificación de las declaraciones juradas, reduciendo la información patrimonial y de consumos que debe reportarse.
A su vez, se mantiene un denominado “tapón fiscal”, que limita la revisión de períodos anteriores una vez que el contribuyente se adhiere al sistema, aunque con excepciones en casos de inspecciones ya iniciadas.
Controles y límites del sistema
Si bien el régimen amplía beneficios, no elimina los controles sobre el origen de los fondos. Las autoridades fiscales, junto con la Unidad de Información Financiera (UIF) y los bancos, mantienen facultades para requerir documentación sobre el origen del dinero.
El proyecto aclara que solo quedan comprendidos fondos de origen lícito, mientras que actividades ilícitas continúan excluidas del esquema.
El umbral del 15% y criterios de fiscalización
Otro punto técnico relevante es el establecimiento de un margen del 15% de diferencia entre lo declarado y lo detectado por el organismo fiscal.
Si la discrepancia supera ese porcentaje y ciertos montos mínimos —como cinco o cien millones de pesos, según el caso—, el fisco puede iniciar revisiones más profundas.
Sin embargo, el borrador contempla la posibilidad de regularizar la situación mediante el pago correspondiente, lo que permitiría permanecer dentro del régimen.
Debate sobre su alcance
Para sus defensores, la reforma busca incentivar la formalización de ahorros y simplificar la relación entre contribuyentes y el Estado. Para sus críticos, en cambio, el esquema podría debilitar los mecanismos de control fiscal sobre patrimonios no declarados.
El proyecto aún no tiene tratamiento legislativo y su redacción final podría sufrir modificaciones durante el debate parlamentario.
