3 min de lectura
La adhesión del vocero presidencial Manuel Adorni y de otros funcionarios al Régimen Simplificado de Ganancias reabrió el debate sobre el alcance real del sistema fiscal impulsado por el Gobierno. En medio de las discusiones políticas, especialistas aclararon que la herramienta no implica un blanqueo ni permite ocultar patrimonio sin controles.
El contador público Sebastián Domínguez explicó en Infobae a la Tarde que el régimen “simplifica la declaración jurada”, pero no elimina las obligaciones de transparencia ni los controles sobre la evolución patrimonial, especialmente en el caso de los funcionarios públicos.
Qué cambia con el régimen
Según Domínguez, el sistema reduce la carga administrativa del contribuyente al modificar la forma en que se presenta la declaración jurada ante ARCA. “Solo se declaran ingresos, gastos, deducciones y el impuesto a pagar, sin informar patrimonio ni consumos”, señaló.
Sin embargo, aclaró que esa simplificación no alcanza a las obligaciones establecidas por la Ley de Ética Pública. En el caso de los funcionarios, deben seguir presentando declaraciones patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción y pueden ser auditados por otras vías.
“No es un blanqueo”
Uno de los puntos centrales del debate es si el régimen permite regularizar fondos no declarados. Para el especialista, la respuesta es negativa.
“Esto no es un blanqueo. En un blanqueo vos declarás bienes, pagás un impuesto especial y se cierran los problemas. Acá no ocurre eso”, explicó Domínguez.
El sistema otorga una “presunción de exactitud” para quienes cumplen en tiempo y forma, lo que limita la fiscalización del organismo recaudador sobre períodos anteriores. Este mecanismo es conocido como “tapón fiscal”.
Límites y controles vigentes
Pese a esos beneficios, el contador remarcó que el régimen no impide investigaciones sobre el origen del patrimonio ni sobre posibles delitos como el enriquecimiento ilícito.
“Si un funcionario utilizara fondos no declarados y eso se detectara, el problema no es tributario, sino penal”, advirtió.
Además, el fisco puede revisar las declaraciones si detecta inconsistencias significativas. En ese sentido, se mencionó como referencia una diferencia superior al 15% entre lo declarado y lo determinado por el organismo.
Funcionarios públicos y transparencia
Domínguez también subrayó que el régimen no modifica el régimen de control específico para funcionarios. La Oficina Anticorrupción mantiene sus facultades para cruzar datos con registros patrimoniales y detectar omisiones.
“La declaración simplificada no reemplaza los controles de integridad pública”, señaló.
En paralelo, distintos sectores políticos impulsan debates sobre si los funcionarios o personas expuestas políticamente deberían quedar excluidos del sistema.
Un sistema en discusión
El Régimen Simplificado de Ganancias fue presentado por el Gobierno como una herramienta para facilitar el cumplimiento fiscal y fomentar la formalización de ingresos. Sin embargo, su implementación abrió interrogantes sobre el alcance real de los controles y sus diferencias con un blanqueo tradicional.
Para los especialistas, la clave está en distinguir entre simplificación administrativa y regularización patrimonial: el régimen mejora la relación con el fisco, pero no borra responsabilidades legales ni penales.
