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La Justicia de Estados Unidos avanza con una investigación sobre la estructura financiera vinculada a los contratos comerciales internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que incluye al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y a otros dirigentes y empresarios relacionados con la administración de acuerdos comerciales.
El caso tomó mayor repercusión luego de un operativo realizado por agentes del FBI en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, antes del regreso de parte de la delegación argentina tras su participación en el Mundial 2026.
El operativo en el aeropuerto de Nueva York
Según fuentes consultadas, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones demoraron a Tapia y solicitaron teléfonos celulares y dispositivos electrónicos de integrantes de la comitiva que regresaba a Buenos Aires en un vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas.
También habrían sido requeridas computadoras y otros equipos pertenecientes a miembros de la delegación.
La AFA negó la existencia del procedimiento. A través de un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón, calificó la información como «rotundamente falsa» y aseguró que «ninguno de los episodios descriptos tuvo lugar».
Una investigación por contratos internacionales
Más allá del episodio aeroportuario, la investigación estadounidense apunta a la estructura utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA.
Según documentación judicial, el expediente está centrado en la empresa Tourprodenter LLC, una sociedad registrada en Florida que funciona como agente comercial exclusivo de la AFA para acuerdos de patrocinio, amistosos y derechos de televisión.
La compañía es administrada por Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, y habría intervenido en operaciones comerciales que superarían los USD 300 millones.
Entre los dirigentes y empresarios mencionados en la investigación aparecen:
- Claudio “Chiqui” Tapia.
- Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.
- Diego Lucero.
- Javier Faroni.
Algunos de ellos deberán presentar información ante la Corte del distrito sur de Florida vinculada con la empresa Tourprodenter y las comunicaciones mantenidas con otros integrantes de la estructura comercial.
El origen de la pesquisa
La investigación comenzó a tomar forma durante el Mundial, cuando fiscales estadounidenses y agentes del FBI comenzaron a analizar documentación relacionada con el manejo de fondos provenientes de negocios internacionales de la AFA.
Uno de los primeros testimonios relevantes fue el del empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un conflicto judicial con la entidad argentina y denunció presuntas irregularidades en la administración comercial.
La declaración, realizada en Miami, estuvo enfocada en el movimiento de fondos a través de bancos y sociedades radicadas en Estados Unidos.
El movimiento de fondos bajo análisis
La documentación bancaria revisada por las autoridades estadounidenses muestra operaciones realizadas mediante cuentas en entidades como Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank.
Según los documentos, por una de esas cuentas circularon más de USD 13,5 millones en menos de un año, provenientes de compañías vinculadas con contratos comerciales de la AFA en distintos mercados internacionales.
Los investigadores analizan especialmente:
- Transferencias entre múltiples sociedades.
- Pagos por logística, vuelos privados y organización de eventos.
- Giros a empresas con poca actividad comercial conocida.
- La identificación de los beneficiarios finales de los fondos.
Entre las firmas mencionadas aparecen sociedades como Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer.
Una etapa preliminar
Hasta el momento, las medidas conocidas no implican imputaciones formales ni una acusación penal contra los dirigentes involucrados.
La pesquisa se encuentra enfocada en reconstruir el circuito financiero completo, determinar quiénes participaron de las operaciones y establecer si existieron maniobras que puedan constituir delitos bajo la legislación estadounidense.
La causa está siendo seguida por fiscales federales especializados en delitos económicos y financieros, con intervención del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La incautación de dispositivos electrónicos, en caso de confirmarse, podría aportar comunicaciones, archivos y registros digitales que serán comparados con la documentación bancaria y societaria ya incorporada al expediente.
