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La ausencia de una ley específica deja en manos de cada familia la decisión sobre el destino de los embriones criopreservados. Conservarlos, donarlos, destinarlos a investigación o descartarlos son las alternativas, pero el marco jurídico sigue siendo incierto.
Miles de familias argentinas que recurren a tratamientos de reproducción asistida enfrentan, una vez logrado el embarazo, una pregunta tan compleja como inevitable: ¿qué hacer con los embriones que quedaron criopreservados y ya no serán utilizados?
La respuesta, lejos de estar definida por una legislación específica, depende de decisiones individuales tomadas en un contexto de incertidumbre jurídica. En Argentina no existe una ley que regule el destino de los embriones congelados, una situación que genera dilemas éticos, emocionales y legales tanto para las familias como para los centros de fertilidad.
La abogada especialista en derecho de familia Fátima Silva explicó que el proceso comienza mucho antes de la decisión final. «Cuando no podés tener familia, el primer paso es empezar a averiguar, y eso ya implica un costo emocional enorme», señaló durante una entrevista en Infobae en Vivo.
Embriones sobrantes: un escenario frecuente
En los tratamientos de fertilización asistida suele obtenerse más de un embrión por ciclo. Como muchas parejas consiguen el embarazo en los primeros intentos y luego deciden no ampliar la familia, es habitual que queden embriones almacenados.
Según Silva, alrededor del 50% de los pacientes opta por conservar esos embriones. De ese grupo, siete de cada diez continúan abonando el costo anual de mantenimiento, mientras que un 30% decide destinarlos a investigación científica. Entre un 15% y un 25% elige donarlos para que otras personas puedan intentar un embarazo.
Un vacío legal que obliga a decidir
El principal conflicto aparece cuando los titulares de los embriones ya no desean utilizarlos.
«El resultado de la ciencia puede ser exitoso, pero quedan embriones criopreservados que la familia no quiere volver a usar», explicó la especialista.
Hasta hace algunos años, muchos centros de fertilidad evitaban descartarlos por temor a eventuales conflictos judiciales. Sin embargo, tras la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), comenzaron a exigir a los pacientes que definan el destino de los embriones almacenados.
Según Silva, los centros suelen comunicar a las familias que deben tomar una decisión dentro de un plazo determinado y advierten que, de no hacerlo, los embriones podrían ser descartados.
En muchos casos, la donación aparece como una alternativa menos conflictiva desde el punto de vista emocional. La especialista aclaró que este procedimiento no implica ninguna transacción económica.
«No se comercializa el embrión», remarcó.
Criterios judiciales diferentes
La falta de regulación también provoca fallos contradictorios en la Justicia.
Mientras algunos jueces consideran posible la adopción de embriones desde el momento de la transferencia, otros entienden que no existe un marco legal que permita ese procedimiento.
«Para algunos magistrados la vida comienza desde ese primer momento; otros sostienen que comienza en una etapa posterior», explicó Silva.
Estas diferencias generan incertidumbre tanto para quienes desean donar como para quienes buscan recibir embriones donados.
El derecho a conocer el origen
Otro de los aspectos que preocupa a los especialistas es la identidad de los niños nacidos mediante donación de embriones.
A diferencia de la donación de óvulos o espermatozoides, donde los centros conservan información genética de los donantes, en la donación de embriones los receptores no siempre tienen acceso a esos antecedentes.
«Sin historial genético, los niños nacidos por esta vía podrían desconocer su origen biológico y la existencia de posibles hermanos», advirtió Silva.
La ausencia de información también puede representar una dificultad para acceder a antecedentes médicos relevantes durante la vida adulta.
Familias que desconocen el destino de sus embriones
La incertidumbre alcanza incluso a quienes interrumpen el pago del mantenimiento anual.
Según Silva, muchas personas dejan de abonar la conservación de los embriones sin saber con certeza qué ocurrió posteriormente con ellos. Por eso recomendó consultar directamente con el centro de fertilidad para conocer cuál es su situación.
Actualmente, mantener un embrión criopreservado tiene un costo aproximado de USD 200 por año, una cifra que muchas familias sostienen durante años mientras postergan una decisión que suele tener una fuerte carga emocional.
Una deuda legislativa
Aunque en Argentina existen bancos públicos y privados para la donación de óvulos y espermatozoides, no ocurre lo mismo con los embriones.
En otros países funcionan bancos específicos y existen regulaciones sobre su utilización, donación e investigación. En el ámbito local, en cambio, quienes necesitan resolver situaciones vinculadas con embriones criopreservados suelen recurrir a la Justicia mediante medidas cautelares.
Para Silva, la falta de una ley deja expuestas a las familias y genera inseguridad jurídica en un área donde la ciencia avanzó mucho más rápido que la legislación.
«Desde 2015 esperamos una ley. La sociedad avanza y la legislación no acompaña», concluyó.
