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El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó este lunes el requerimiento de justificación para que el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explique las inconsistencias detectadas en su declaración patrimonial. La medida, que es una instancia previa al llamado a indagatoria, fue notificada por el juez Ariel Lijo y le otorga a Adorni un plazo de 15 días para responder por escrito los 20 puntos cuestionados por la fiscalía.
El dictamen del Ministerio Público Fiscal, señala que las inconsistencias en los gastos corrientes de Adorni durante su etapa como funcionario superan los 40 millones de pesos, mientras que los desembolsos en dólares para la compra y refacción de inmuebles alcanzan los 402.578 dólares. La investigación abarca el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 —fecha de ingreso a la función pública— y el 27 de junio de 2026 —día de su renuncia al cargo—.
El requerimiento de justificación se basa en un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que analizó los ingresos y egresos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. Según el fiscal, el análisis conjunto de las declaraciones juradas patrimoniales integrales, sus rectificativas y la prueba reunida permitió advertir «las inconsistencias que sustentan el requerimiento».
Las cifras que la Justicia cuestiona
Según el dictamen de 207 fojas, el grupo familiar de Adorni percibió ingresos comprobados por $ 229.752.283,20 durante el período investigado. Sin embargo, los gastos documentados —que incluyen seguros automotores, expensas, pagos de electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y tarjetas de crédito— ascendieron a $ 272.820.832,20, lo que arroja una diferencia negativa de $ 43.068.549 que el exfuncionario deberá justificar.
En cuanto a las divisas, la fiscalía detectó que Adorni y su esposa emplearon 402.578,12 dólares para la adquisición del lote 380 del Country Indio Cuá y su refacción integral, el departamento de Miró 550 y el mobiliario encargado para esos inmuebles. El fiscal sostiene que esos desembolsos «no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados».
Entre otros puntos que deberán explicarse, figuran las tenencias de dólares estadounidenses declaradas al inicio y al cierre de los ejercicios 2023 y 2024, bajo el rubro «venta de activos», así como el origen de las divisas empleadas para afrontar diversos viajes al exterior.
El incremento patrimonial del 119%
Uno de los datos más llamativos que deberá justificar Adorni es el aumento del 119% en sus gastos declarados entre el inicio y el final de 2024. El fiscal Pollicita señaló que los gastos que «al inicio de 2024 estaban en cero y aumentaron aproximadamente un 119% para final de ese período» requieren una explicación detallada.
Adorni presentó 22 documentos con el fin de corregir aquellos ítems que no fueron declarados y que le otorgaban un patrimonio inferior al real. Sin embargo, el fiscal sostiene que las rectificaciones agregaron más dudas que certezas. En su declaración original de 2023, Adorni declaró un patrimonio de $ 61.018.251, mientras que en 2024 informó $ 107.894.811. Ambos números fueron modificados por completo en las rectificaciones.
Producto de las rectificaciones, la base de la que se parte en la última declaración jurada —denominada «bienes al inicio del período»— es de $ 622.646.891,98. Así, el patrimonio correspondiente al período fiscal que concluyó el 31 de diciembre de 2025 arroja un número final de $ 944.575.052, una fortuna consolidada sobre la que el fiscal tiene una serie de interrogantes.
«El análisis conjunto y pormenorizado de la prueba reunida, cotejada con las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales públicas y reservadas y sus rectificativas, permitió advertir las inconsistencias que sustentan el requerimiento de justificación patrimonial» — señala el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita.
Los 20 puntos que Adorni deberá justificar
El dictamen de la fiscalía estructura la intimación en veinte puntos concretos que Adorni deberá explicar por escrito. Entre ellos se destacan:
- Las fuentes de financiamiento invocadas, entre ellas los mutuos atribuidos a dos familiares, cuya concertación, efectiva entrega y evolución no han sido documentadas.
- Las deudas con el Banco Galicia informadas en la declaración inicial y omitidas en las posteriores, que «desaparecen de un ejercicio a otro».
- La falta de presentación de los Anexos Reservados de su cónyuge en tiempo y forma.
- Las discrepancias entre la forma en que Adorni declara un inmueble y cómo lo declara su esposa.
- Los ingresos exentos, herencias y donaciones a los que atribuye capacidad explicativa respecto de una parte del incremento patrimonial.
- La operatoria con criptoactivos, que comprende el capital informado ante una billetera virtual y no exteriorizado en sus Declaraciones Juradas ante la Oficina Anticorrupción.
La fiscalía también exige una explicación sobre la intervención de personas del entorno en la adquisición de bienes o en la realización de pagos por cuenta del requerido, con posteriores reintegros en efectivo, así como el nivel de consumos con tarjetas.
El rol de la Oficina Anticorrupción y la DAFI
La investigación se inició a raíz de las presentaciones de Adorni ante la Oficina Anticorrupción (OA), donde presentó la declaración jurada anticipada que, según el fiscal, «agregó más dudas que certezas». Ese material se sumó a una importante cantidad de declaraciones testimoniales y los primeros interrogantes sobre el patrimonio del exfuncionario.
El informe de la DAFI, que sirvió de sustento al requerimiento, analizó en profundidad los ingresos y egresos de Adorni y su esposa. La última medida de prueba firmada por el fiscal impuso a la DAFI que remita un informe sobre la evolución patrimonial y financiera del ex jefe de Gabinete y de su cónyuge.
La renuncia de Adorni a su cargo de Jefe de Gabinete no lo exime de ser llamado por la Justicia. El fiscal Pollicita sostiene que la investigación continuará con el mismo impulso, ya que el patrimonio cuestionado se generó durante su paso por la función pública.
Qué sigue en el proceso judicial
El juez Ariel Lijo notificó formalmente a Adorni cerca de las 10.20 de este lunes, por lo que el plazo de 15 días ya comenzó a correr. Vencido ese período, el exfuncionario deberá presentar por escrito sus explicaciones sobre cada uno de los puntos cuestionados.
Si la Justicia considera que las respuestas no son suficientes, el siguiente paso será el llamado a indagatoria, una instancia en la que Adorni podría ser citado a declarar en persona. En esa etapa, el ex jefe de Gabinete podría enfrentar un proceso por presunto enriquecimiento ilícito, un delito que prevé penas de prisión de 2 a 10 años.
El caso de Adorni se suma a otras investigaciones por enriquecimiento ilícito que involucran a exfuncionarios del gobierno, en un contexto de creciente escrutinio sobre el patrimonio de los altos cargos públicos. La causa, que se tramita en el Juzgado Federal N° 4, se encuentra en una etapa clave que podría definir el futuro judicial del ex jefe de Gabinete.
