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El fiscal federal presentó un requerimiento de 207 fojas ante el juez Ariel Lijo y le dio al ex jefe de Gabinete 15 días para explicar el origen de distintos fondos, bienes y gastos. El planteo alcanza también a su esposa, Bettina Angeletti. Si las explicaciones no resultan satisfactorias, podría avanzar un pedido de indagatoria.
El fiscal federal Gerardo Pollicita intimó a Manuel Adorni a justificar el origen de parte de su patrimonio en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El requerimiento, presentado ante el juez federal Ariel Lijo, tiene 207 fojas y enumera 20 puntos concretos que, según la fiscalía, presentan inconsistencias que todavía no encuentran una explicación suficiente.
Adorni tendrá 15 días para justificar la procedencia del incremento patrimonial registrado durante el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023, cuando asumió su primer cargo en el gobierno de Javier Milei, y el 27 de junio de 2026, fecha en la que dejó su función.
La fiscalía calculó que existe una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos lícitos comprobados del matrimonio y los gastos realizados en pesos. A eso se suma un monto de USD 402.578,12 correspondiente a gastos en dólares cuyo origen, según la investigación, todavía no pudo ser acreditado.
El requerimiento fue elaborado a partir del análisis de la documentación reunida durante la investigación, incluidos informes técnicos de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DAFI), declaraciones juradas patrimoniales públicas y reservadas y sus respectivas rectificaciones.
Qué deberá explicar Adorni
Uno de los principales puntos de la intimación está relacionado con los dólares en efectivo declarados por el exfuncionario y con la operación que, según había informado, permitió obtenerlos.
Pollicita le exige precisar fechas, montos, movimientos y trazabilidad bancaria o bursátil, además de presentar la documentación que permita respaldar el origen de esos fondos.
La fiscalía también puso el foco en la vivienda familiar ubicada en el country Indio Cuá. Adorni deberá explicar cómo fue adquirida, de dónde provinieron los fondos y por qué el inmueble quedó registrado a nombre de su esposa.
Otro de los puntos está relacionado con los gastos realizados en esa propiedad. En particular, la investigación busca establecer el origen de los USD 245.000 abonados al contratista Matías Tabar por trabajos de refacción.
También deberá justificar los pagos correspondientes a los muebles utilizados para equipar otra propiedad de la familia, ubicada en el barrio porteño de Caballito.
El departamento de Miró y los pagos en efectivo
El requerimiento incluye además la compra del departamento ubicado en Miró 550, en la Ciudad de Buenos Aires.
La fiscalía pretende conocer el origen de los fondos utilizados para adquirir la propiedad y reconstruir el circuito financiero de la operación.
Según la investigación, otro de los puntos bajo análisis es la utilización reiterada de terceras personas para adquirir bienes y afrontar gastos en efectivo que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, tenían como destinatarios reales a Adorni y su esposa.
La fiscalía también pidió explicaciones sobre el dinero utilizado para pagar viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares, además de otros gastos familiares.
El dinero destinado a criptomonedas
Pollicita puso la lupa además sobre las inversiones del exfuncionario en criptoactivos.
En ese punto, la fiscalía busca determinar cuál fue el origen del capital utilizado inicialmente para ingresar al mercado de criptomonedas y cómo evolucionaron posteriormente esas inversiones.
El análisis resulta relevante porque, durante la investigación, parte del incremento patrimonial habría sido explicado a partir del rendimiento obtenido por esos activos.
También deberán ser explicados los honorarios abonados a la escribana Adriana Nechevenko por tres operaciones inmobiliarias realizadas por el matrimonio.
La diferencia entre ingresos y gastos
Uno de los principales fundamentos del requerimiento surge de la comparación entre los ingresos comprobados de la familia y los gastos registrados durante el período investigado.
Según la reconstrucción realizada por la fiscalía, Adorni percibió 35 sueldos como funcionario público, mientras que su esposa también registró ingresos. En conjunto, los ingresos lícitos comprobados ascendieron a $229.752.283,20.
Durante el mismo período, el matrimonio afrontó gastos por $272.820.832,20, incluyendo seguros, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y consumos con tarjetas de crédito.
La diferencia calculada por la fiscalía es de $43.068.549.
En moneda estadounidense, la investigación determinó gastos por USD 402.578,12 que, hasta el momento, no tendrían correlato con los ingresos lícitos comprobados. En ese cálculo se incluyeron viajes, alquileres, refacciones y compra de muebles, entre otros desembolsos realizados en efectivo.
Qué puede pasar después
El requerimiento de justificación patrimonial no implica por sí mismo una declaración de culpabilidad ni determina que exista enriquecimiento ilícito. La fiscalía busca que el exfuncionario explique las diferencias detectadas y aporte documentación que permita establecer el origen de los fondos.
Una vez vencido el plazo de 15 días, Pollicita deberá evaluar las respuestas y los elementos aportados.
Si considera que las explicaciones no resultan suficientes, el próximo paso podría ser solicitar al juez Lijo que cite a Adorni a declaración indagatoria.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano y posteriormente incorporó dos ampliaciones, una de ellas impulsada por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro.
Ahora, la causa entra en una etapa clave: Adorni deberá explicar ante la Justicia el origen de los fondos, bienes y gastos que la fiscalía considera que no tienen, por el momento, una justificación patrimonial suficiente.
