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La Cámara de Lomas de Zamora dejó sin efecto la medida cautelar que frenaba la aplicación de la ley nacional 27.801. Los jueces remarcaron que ningún magistrado tiene facultades para suspender una ley con alcance general.
La Sala 1 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora anuló la medida cautelar dictada por la jueza Marta Pascual, la cual había suspendido por 60 días la vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil en el territorio bonaerense. Además, el tribunal ordenó que la magistrada revise con urgencia su competencia para seguir interviniendo en la causa.
Los argumentos de la Cámara
La resolución, firmada por los camaristas Miguel Carlos Navascués y Miguel María Alberdi a partir de una apelación del Ministerio Público Fiscal, dejó sin efecto la suspensión de la Ley 27.801 bajo las siguientes consideraciones:
- Límites al control judicial: El tribunal ratificó que las leyes sancionadas por el Congreso gozan de presunción de legitimidad y solo pueden neutralizarse en casos concretos, sin que existan facultades para suspenderlas de manera general mediante una cautelar.
- División de poderes: Al citar la doctrina de la Corte Suprema en el fallo Thomas, recordaron que la definición de la política criminal pertenece al Poder Legislativo y no es potestad de los jueces evaluar la conveniencia de la norma.
- Garantías individuales: Aclararon que el fallo no ignora la situación de los jóvenes privados de libertad, ya que si se constatara el agravamiento concreto de las condiciones de encierro de un adolescente, el juez de la causa deberá disponer las medidas pertinentes.
El origen de la polémica
La cautelar revocada había sido otorgada ante un hábeas corpus preventivo presentado por la Asociación Civil No Seas Pavote. La jueza Pascual sustentó su freno en la falta de infraestructura y recursos materiales en los institutos de menores bonaerenses frente al inminente ingreso de adolescentes de 14 y 15 años tras la bajada en la edad de imputabilidad.
La decisión original de la magistrada generó un fuerte rechazo que derivó en una denuncia penal por parte de la entidad Usina de Justicia por presunto abuso de autoridad, sumado a la presentación de varios pedidos de juicio político para evaluar su desempeño.
