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El proyecto enviado por Casa Rosada propone desmantelar la ley de emergencia vigente y modificar de raíz el sistema de prestaciones. Sorpresa y malestar en el bloque oficialista, que buscaba acordar un texto propio y ahora negocia cambios para evitar un revés en el recinto.
El ingreso del proyecto de Ley de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados alteró de forma imprevista la discusión parlamentaria sobre la emergencia en discapacidad. En un plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda, la irrupción del texto elaborado por el Poder Ejecutivo tomó por sorpresa incluso a los legisladores del propio bloque libertario, desarticulando los consensos que intentaban construir para presentar un dictamen alternativo.
La controversia se focaliza en el Capítulo 6 de la iniciativa oficial, que disuelve el sistema actual de protección de derechos e introduce modificaciones profundas al esquema de prestaciones y pensiones. Entre las medidas más objetadas por la oposición y diversas organizaciones sociales se destaca el retorno a un criterio de «invalidez laboral» de perfil médico, en contraposición con el enfoque de derechos humanos ratificado por convenciones internacionales. Además, la norma elimina el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso a las pensiones y establece una incompatibilidad absoluta entre dicho beneficio y el empleo registrado.
El desfasaje entre las pretensiones de la Casa Rosada y el trabajo del bloque oficialista generó visibles cortocircuitos. Muestra de ello fue la intervención de la diputada Silvana Giudici, quien junto a Laura Rodríguez Machado venía elaborando una propuesta técnica distinta. Pese al giro del Ejecutivo, la legisladora intentó conciliar posturas señalando la división de poderes y la posibilidad de debatir mejoras durante el tratamiento del Presupuesto, mientras desde la presidencia de la Cámara que encabeza Martín Menem admitieron disposición al diálogo para evitar que la oposición derribe el capítulo completo en el recinto.
Durante la jornada, más de 20 expositores de entidades vinculadas al sector manifestaron su firme rechazo a la propuesta del Gobierno. Representantes del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad denunciaron atrasos en los pagos a proveedores, la eliminación del arancel único para las prestaciones básicas y la pérdida de la movilidad mensual de los montos, advirtiendo que la reforma profundizará la vulnerabilidad del colectivo de personas con discapacidad.
