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Estudiantes, docentes, nodocentes y sindicatos se movilizaron en la Ciudad de Buenos Aires y en las principales provincias para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.
Una multitudinaria columna de la comunidad universitaria, respaldada por la CGT, las dos CTA, ATE y diversas agrupaciones políticas, se concentró frente al Palacio Legislativo en el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria. La movilización exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario —ratificada por el Congreso de la Nación— que establece la actualización salarial del personal docente y nodocente, la recomposición de las becas estudiantiles y la asignación de partidas presupuestarias ajustadas por inflación acumulada. La protesta tiene lugar un día después de que la Justicia impusiera una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de la medida cautelar vigente.
Reclamos salariales, tomas de facultades y despliegue de seguridad
Las claves del impacto en las aulas y del operativo montado en la vía pública abarcan:
- Deterioro salarial docente: La Asociación de Docentes de la UBA (AGD-UBA) denunció una pérdida acumulada del poder adquisitivo superior al 24% desde noviembre de 2023, señalando que el cargo de ayudante de primera semi-exclusivo cobró en octubre un básico bruto de $561.659 contra los $741.111 que le corresponderían por ley.
- Medidas de fuerza e interclaustros: La previa de la movilización estuvo marcada por la toma de unidades académicas, como la sede Puan de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y varias facultades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), acompañadas por clases públicas y asambleas.
- Operativo de seguridad: Fuerzas federales y de la Ciudad de Buenos Aires desplegaron un vallado en los accesos al Congreso sobre la avenida Rivadavia y la calle Bartolomé Mitre, con camiones hidrantes y efectivos apostados en la zona.
