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La causa en la que se investiga al ciudadano Konstantin Rudnev por presunta trata de personas en la ciudad de Bariloche registra una nueva controversia en el ámbito procesal. El juez federal de garantías Leandro Gómez Constén emitió una resolución, fechada el 13 de octubre, en la que ordena el traslado y la internación de carácter urgente del imputado en el Hospital Fernández, nosocomio público ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida originó la presentación de recursos legales por parte de la defensa para suspender la derivación.
Konstantin Rudnev
El magistrado fundamentó la resolución en el informe elaborado el 8 de octubre por el Cuerpo Médico Forense. En dicho documento, la junta médica concluyó que Rudnev no reúne las condiciones físicas necesarias para permanecer alojado en un establecimiento penitenciario. A su vez, los peritos oficiales señalaron que la vivienda ubicada en la localidad bonaerense de San Vicente, donde el imputado cumple actualmente arresto domiciliario, no resulta adecuada para el seguimiento de su cuadro clínico.
A partir de estas conclusiones, el Cuerpo Médico Forense recomendó la internación en un hospital de alta complejidad. El objetivo establecido es completar estudios neurológicos, cardiovasculares y respiratorios, establecer diagnósticos y definir los tratamientos correspondientes. La resolución del juez incorpora una presentación del fiscal Gustavo Révora, en línea con la actuación del fiscal federal Fernando Arrigo, quien requirió adoptar las medidas necesarias para concretar una evaluación diagnóstica integral del imputado.
Abogado Martín Luis Sarubbi
La defensa técnica de Rudnev, encabezada por el abogado Martín Luis Sarubbi, formalizó su oposición a la medida. El letrado presentó un escrito ante la Oficina Judicial de General Roca en el que anunció la interposición de un recurso de queja ante la instancia superior. En su presentación, la defensa invocó el artículo 347 del Código Procesal Penal Federal, referido al efecto suspensivo de los recursos, y solicitó frenar el traslado hasta que la resolución adquiera firmeza.
El planteo de la defensa se sustenta en documentación médica fechada el 12 de octubre en San Vicente. El informe describe un cuadro clínico que incluye compromiso neurológico, funcional y cognitivo, antecedentes de enfermedades de columna, alteraciones cardiovasculares y neuropatías. El documento advierte que los traslados pueden desencadenar episodios de dolor y descompensaciones, recomendando la continuidad del tratamiento en el domicilio bajo asistencia permanente.
El proceso también presenta divergencias respecto a la institución de destino. La defensa solicitó que los estudios se realicen en la Clínica Monte Grande, establecimiento privado donde el imputado fue intervenido quirúrgicamente en tres oportunidades durante 2026 y donde se encuentra su historia clínica. El juez Gómez Constén denegó la solicitud, fundamentando su decisión en la recomendación del Cuerpo Médico Forense de recurrir a un hospital público de alta complejidad para efectuar una evaluación interdisciplinaria.
En cuanto a la ejecución operativa de la medida, las actuaciones de la Policía Federal Argentina incorporadas al expediente documentan limitaciones logísticas. El 14 de octubre, personal de la Delegación Unidad Operativa Federal Ezeiza consultó la disponibilidad en el Hospital Fernández. Las constancias policiales indican que el establecimiento informó problemas de disponibilidad de camas y limitaciones relativas a la atención requerida, lo que derivó en instrucciones judiciales para contemplar otros hospitales públicos de la red metropolitana.
La resolución judicial establece obligaciones de reporte para el hospital que efectúe la internación. La institución deberá informar al tribunal el plan diagnóstico y terapéutico dentro de las 72 horas del ingreso, y comunicar cada diez días la evolución del paciente, los estudios realizados y la eventual alta médica. Durante la internación, Rudnev permanecerá bajo custodia de la Policía Federal Argentina, con asistencia de un intérprete de idioma ruso. El juzgado determinó que el traslado no modifica la medida de coerción vigente y que la situación de alojamiento será resuelta por la Cámara Federal de Casación Penal.
