5 min de lectura
En los pasillos de la Justicia Federal de San Martín, un expediente de altísima gravedad institucional sigue generando tensiones cruzadas. El fiscal federal Miguel Ángel Blanco García Ordás, titular de la Fiscalía Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de dicha jurisdicción, se encuentra bajo la mira de la Cámara Federal de Casación Penal, tribunal que deberá definir el futuro de una denuncia por presunto abuso sexual y hostigamiento laboral radicada en su contra por quien fuera su secretaria y jefa de despacho, María Aurelia.
La causa, que inició su recorrido formal en el año 2017, expone una trama de supuestos acosos sostenidos en el tiempo, abusos de poder y una extensa batalla legal que ya acumula dos sobreseimientos, una anulación de Casación y un procesamiento dictado en 2024 que fue revocado poco después. El máximo tribunal penal del país tiene ahora la responsabilidad de revisar la validez de un segundo sobreseimiento que exculpa al magistrado.
Las tarjetas, el hostigamiento y los hechos denunciados
Uno de los elementos materiales más impactantes que obran en el expediente es una tarjeta de felicitación que el propio fiscal le envió a su secretaria. El documento, que forma parte integral de la causa penal, reza: «¡Feliz cumple Male! Por todos los años juntos y los que se vendrán. ¡Qué seas muy feliz! ¡Mucho sexo! De: Miguel». Esta prueba documental se suma a otra dedicatoria incorporada a la investigación donde, según la denuncia, el fiscal le atribuía a su empleada «las virtudes de una gata».
El relato de María Aurelia, quien ingresó al Ministerio Público Fiscal en 1997, detalla conductas continuadas desde su ingreso a la dependencia hasta su posterior traslado, dispuesto en el marco de un sumario administrativo cruzado. La denunciante vinculó ese sumario y un ascenso denegado a su negativa de acceder a las pretensiones de su superior. Según su testimonio, al reclamar la promoción al cargo de secretaria, García Ordás le respondió que ella «sabía qué tenía que hacer» para lograr el ascenso. Mientras la querella sostiene que la frase escondía una clara connotación sexual extorsiva, la defensa argumenta que el fiscal se refería estrictamente al desempeño laboral esperado.
La acusación formal no se limita a frases o comentarios sobre su cuerpo, vestimenta o ropa interior. El procesamiento dictado temporalmente en 2024 se basó en dos hechos físicos concretos. El primero sitúa la acción en la antigua sede de la fiscalía, donde la víctima denunció que el fiscal la tomó de los hombros y la arrinconó contra un mueble mientras le decía «qué linda que sos». El segundo hecho detalla supuestos roces intencionales con la zona genital por parte del magistrado mientras este pasaba detrás de ella en el sector de la cocina de la dependencia.
A esto se le suman situaciones de extrema incomodidad relatadas por la víctima, como convocatorias al despacho donde, según consta en la causa, el fiscal le habría exhibido material pornográfico traído de un viaje y preservativos vencidos que guardaba en el baño, reprochándole que caducaron porque ella «no había querido usarlos con él», además de citarla para leer un artículo sobre los supuestos «beneficios del semen».
El sinuoso recorrido del expediente
La causa estuvo a punto de cerrarse en dos oportunidades. El juez de primera instancia dictó un primer sobreseimiento en julio de 2020, decisión que fue respaldada meses después por la Sala II de la Cámara Federal de San Martín. Sin embargo, en agosto de 2022, la Cámara Federal de Casación Penal intervino y anuló el fallo.
En un duro revés para los jueces de instancias inferiores, Casación advirtió que la prueba no había sido valorada de manera integral ni bajo los estándares obligatorios de perspectiva de género. El tribunal superior cuestionó especialmente el argumento exculpatorio que sostenía que era «improbable» que los roces ocurrieran en un ámbito laboral sin que otros testigos lo notaran, recordando que este tipo de delitos de índole sexual suelen ejecutarse de forma veloz, subrepticia y procurando justamente evadir la mirada de terceros, incluso en espacios públicos.
Tras esa orden, el expediente fue reabierto, se amplió la prueba, se llamó a indagatoria al fiscal y, el 2 de septiembre de 2024, García Ordás fue formalmente procesado por abuso sexual con un embargo preventivo fijado en 1.500.000 pesos. El juez consideró que los contactos físicos no podían aislarse del contexto de hostigamiento y los comentarios de contenido sexual.
No obstante, el revés llegó a finales de año: el 26 de diciembre de 2024, la Sala II de la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento y dictó un segundo sobreseimiento a favor del magistrado, retomando el polémico argumento de que resultaba difícil que una conducta reiterada pasara inadvertida en el lugar de trabajo.
Frente a esta situación, la querella recurrió nuevamente. La defensa de la víctima acusa a la Cámara de San Martín de fragmentar la prueba y desobedecer la doctrina fijada previamente por la máxima instancia penal. Ahora, la causa recayó nuevamente en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Serán estos jueces quienes tendrán la última palabra para determinar si el segundo sobreseimiento queda firme, liberando de culpa al fiscal, o si ordenan una nueva revisión exhaustiva que encamine la investigación hacia un juicio oral por abuso sexual y acoso laboral en la Justicia Federal.
Fuente: Infobae.
