Alberto considera que los integrantes de la Corte deben concurrir a la Comisión de Juicio Político, pese a su derecho procesal de declarar por escrito

La perspectiva presidencial implica la posibilidad de abrir una escenario hostil a los magistrados del alto tribunal que quedarían en medio de un fuerte debate parlamentario protagonizado por los diputados del Frente de Todos y Juntos por el Cambio

Alberto Fernández considera que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda deben concurrir a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para ejercer su derecho de defensa, pese al artículo 250 del Código de Procedimientos Penal que habilita la declaración por escrito para “los miembros del Poder Judicial de la Nación y de las provincias”.

Los cuatro miembros de la Corte Suprema afirman que están en condiciones de probar su inocencia en cualquier estrado, pero no tienen intenciones de convertirse en un blanco móvil a merced de ciertos diputados kirchneristas que aguardan su oportunidad para transformar a la Comisión de Juicio Político en un circo romano.

Por eso, si no hay un cambio inesperado de posición, Rosatti, Rozenkrantz, Lorenzetti y Maqueda harán su descargo por escrito ante las acusaciones presentadas por la bancada oficialista.

La posición procesal de los integrantes del alto tribunal colisiona con la perspectiva de Alberto Fernández, que resta preeminencia jurídica al articulo 250 del Código de Procedimiento. Ese artículo 250, sancionado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sostiene:

“No estarán obligados a comparecer el presidente y vicepresidente de la Nación; los gobernadores y vicegobernadores de provincias; el jefe y vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los ministros y legisladores nacionales y provinciales; los miembros del Poder Judicial de la Nación y de las provincias; los ministros diplomáticos y cónsules generales; los oficiales superiores de las fuerzas armadas desde el grado de coronel o su equivalente, en actividad; los altos dignatarios de la Iglesia y los rectores de las universidades oficiales”, publicaron en Infobae.

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