El Gobierno nacional encabezado por Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley que propone modificar de manera sustancial el régimen vigente en materia de discapacidad. La iniciativa introduce nuevas restricciones, redefine criterios de acceso y establece un reempadronamiento obligatorio para los beneficiarios de pensiones por invalidez.
El texto, titulado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, ingresó por el Senado en un contexto de tensión política y cuestionamientos por el incumplimiento de la actual Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793), cuya aplicación fue ordenada por la Justicia.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la revisión integral del sistema de pensiones. De aprobarse, todos los titulares deberán volver a acreditar su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. Quienes no cumplan con este requisito podrán sufrir la suspensión automática del beneficio.
Además, la iniciativa prevé un esquema de fiscalización más estricto mediante el cruce de datos entre organismos como ANSES y otros registros estatales. Ante inconsistencias, se habilita la suspensión preventiva de las pensiones, con instancias posteriores de revisión.
El proyecto también fija el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio, pero elimina adicionales vinculados a invalidez laboral o zonas desfavorables.
En el plano laboral, establece una “incompatibilidad absoluta” entre la percepción de la pensión y cualquier empleo formal. Esto implicaría que las personas con discapacidad no podrían mantener el beneficio si acceden a un trabajo registrado. A su vez, elimina incentivos para la contratación en empresas y programas de inclusión laboral.
Otro de los cambios relevantes es la modificación del sistema de prestaciones. La iniciativa elimina el nomenclador nacional, que fija valores mínimos para los servicios, y desregula la negociación entre financiadores y prestadores, lo que podría generar diferencias en la calidad y cobertura de las prestaciones.
Asimismo, se habilita la firma de convenios entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires para la administración de los fondos, lo que introduce un esquema más descentralizado.
El proyecto también deroga artículos clave de la ley vigente, lo que en la práctica implica un retroceso respecto al alcance de la cobertura actual, que había ampliado el universo de beneficiarios con un enfoque más integral de la discapacidad.
La iniciativa se da en paralelo a la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en medio de denuncias por presuntas irregularidades en la asignación de pensiones.
En el plano político, el oficialismo apuesta a avanzar con el debate en el Senado, donde considera que tiene mayores posibilidades de reunir apoyos. Sin embargo, se prevé una fuerte discusión legislativa, incluso entre sectores aliados que previamente respaldaron la emergencia en discapacidad.
