El juez federal Ariel Lijo dispuso levantar el secreto fiscal del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, ante la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
La medida fue solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita y apunta a acceder a las declaraciones tributarias de ambos en la provincia de Buenos Aires. En particular, la resolución busca relevar información vinculada a los pagos realizados para la adquisición de una vivienda en un country de Exaltación de la Cruz, así como las tasas e impuestos asociados a esa propiedad.
El levantamiento del secreto fiscal también alcanza a un departamento ubicado en La Plata, que habría sido heredado y actualmente es habitado por la madre del funcionario. Asimismo, la Justicia requirió datos sobre un tercer inmueble vinculado a Angeletti, situado en el partido de Morón.
La decisión se inscribe dentro de una serie de medidas adoptadas en la causa. En ese contexto, el magistrado ya había ordenado levantar el secreto bancario, financiero y fiscal de Adorni, su esposa y una firma vinculada, con el objetivo de reconstruir su evolución patrimonial.
Además, la resolución incluyó a otros allegados, entre ellos familiares directos, así como personas que participaron en operaciones inmobiliarias o financieras bajo análisis, como las vendedoras de un departamento en Caballito y quienes habrían otorgado préstamos para la adquisición de otra propiedad en Parque Chacabuco.
La investigación se centra en un peritaje contable que busca determinar si los ingresos declarados por el jefe de Gabinete son consistentes con sus gastos y movimientos patrimoniales. Entre los elementos bajo análisis figuran viajes realizados dentro y fuera del país, identificados a partir de información proporcionada por aerolíneas.
Según consta en el expediente, se registraron al menos 18 viajes efectuados por Adorni y su esposa, tanto en conjunto como de manera individual, con destinos nacionales e internacionales. La Justicia evalúa si los gastos asociados a esos desplazamientos —incluyendo pasajes, estadías y actividades— guardan relación con los ingresos declarados.
En paralelo, otro expediente que analizaba la conducta del funcionario por un viaje oficial de su esposa a Estados Unidos fue archivado por el juez Daniel Rafecas, tras un dictamen fiscal que concluyó que no existió delito ni perjuicio económico para el Estado.
La causa continúa en etapa de recolección de pruebas, mientras se profundiza el análisis sobre la situación patrimonial del funcionario.
