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La audiencia celebrada el 28 de septiembre ante el Tribunal de Revisión en la causa que involucra al ciudadano ruso Konstantin Rudnev expuso datos precisos sobre el estado de salud del imputado y las barreras idiomáticas que enfrentó en prisión. A pesar de que la Asesoría de Niños, Niñas y Adolescentes no se opuso a la continuidad del arresto domiciliario y emitió una fuerte advertencia médica, los jueces dictaminaron el regreso de Rudnev a una unidad penitenciaria.
Martín Sarubbi
La defensa, encabezada por el abogado Martín Sarubbi, impugnó la decisión del juez de Garantías —que había denegado un nuevo pedido de domiciliaria— planteando que el cuadro médico del ciudadano ruso debía ocupar un lugar central en la evaluación judicial. Sarubbi afirmó ante los magistrados que su cliente atraviesa complicaciones de salud, requiere asistencia médica y todavía no cuenta con el alta médica que estaba contemplada en decisiones judiciales anteriores.
La barrera del idioma: Comunicaciones médicas por Google Translate
Uno de los aspectos fácticos introducidos por la defensa durante la audiencia fue la situación idiomática de Rudnev dentro del sistema penitenciario. Según detalló su abogado, el imputado habla únicamente el idioma ruso. Sarubbi expuso que, durante el período en el que Rudnev estuvo alojado en la Unidad 6 de Rawson, llegó a comunicarse con los profesionales médicos del penal mediante el uso de la aplicación Google Translate.
Konstantin Rudnev
Al respecto, el defensor interpeló al Tribunal de Revisión sobre las condiciones de alojamiento y la atención sanitaria: «¿Es razonable exponer a una persona con las dolencias que tiene Rudnev a retornar a una unidad para que se comunique con los médicos a través del traductor de Google?». Asimismo, destacó que las salidas del imputado desde su domicilio en San Vicente durante los más de 120 días de arresto domiciliario estuvieron motivadas por razones médicas y fueron debidamente documentadas, incluyendo intervenciones quirúrgicas y períodos de reposo.
La postura oficial de la Asesora de Niños, Niñas y Adolescentes
La intervención de la asesora de Niños, Niñas y Adolescentes, María Laura Irastorza, resultó un elemento de especial relevancia en el planteo de la defensa. Durante la audiencia, la funcionaria manifestó explícitamente: «Yo no voy a formular objeciones, no voy a formular una oposición al recurso que interpuso la defensa».
Irastorza fundamentó su posición explicando que, durante el período analizado de prisión domiciliaria, no había recibido información de que la mujer o su hijo hubieran sufrido contactos, amenazas u hostigamientos por parte del imputado. En este sentido, la asesora consideró que las condiciones que se habían establecido para el arresto domiciliario eran suficientes para cautelar los riesgos del proceso y proteger tanto a la mujer como al niño.
La funcionaria coincidió con el abogado defensor en la valoración del comportamiento del imputado. «Entiendo, al igual que lo postula la defensa, que 120 días de estricto cumplimiento de las obligaciones legales a cargo de Rudnev son una nueva circunstancia que debe ser valorada», señaló Irastorza, destacando que el imputado permaneciera en el domicilio de San Vicente.
Evaluación médica y la advertencia de «pena cruel»
El punto más crítico de la intervención de la asesora estuvo vinculado a la salud del imputado. Irastorza puso especial énfasis en la evaluación médica oficial que estaba prevista para el 1 de octubre. Al respecto, formuló una de las afirmaciones más contundentes de la jornada judicial: indicó que si los peritos oficiales ratifican las condiciones de salud informadas por la defensa, el alojamiento de Rudnev en un establecimiento penitenciario podría convertirse en un «anticipo de pena cruel» que, a su entender, no estaría razonablemente justificado.
En esa misma línea, el abogado de la querella tampoco presentó oposición al pedido de morigeración, señalando que no advertía la necesidad de impulsar una medida más gravosa por una protección que la propia mujer había manifestado no requerir. Sarubbi confrontó esta situación con la postura acusatoria, cuestionando que el Ministerio Público Fiscal pareciera pretender subrogarse por sobre las manifestaciones expresas de la querella y la defensora del menor.
A pesar de que el cumplimiento de los 100 días bajo arresto domiciliario fue reconocido en los fundamentos, de la advertencia de la asesora sobre el «anticipo de pena cruel» y de la falta de oposición de la querella, el Tribunal de Revisión rechazó el recurso basándose en los riesgos procesales fijados por la Cámara Federal de Casación Penal. La audiencia concluyó con la decisión de mantener vigente la orden para que Rudnev vuelva a un establecimiento penitenciario, incluso con el voto de un juez que admitió compartir la postura de la defensa pero argumentó deber obediencia a lo establecido por el tribunal superior jerárquico.
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