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Las manifestaciones se realizaron en distintas ciudades argentinas bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”. Los recientes femicidios de Agostina Vega y Dulce María Beatriz Candia marcaron la jornada.
A once años de la histórica primera movilización de Ni Una Menos, miles de mujeres, organizaciones sociales, estudiantiles y de derechos humanos volvieron a ocupar las calles de todo el país para reclamar el fin de la violencia de género y exigir políticas públicas de prevención y protección.
La convocatoria principal se desarrolló frente al Congreso de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, donde una multitud se concentró desde horas de la tarde bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”. Durante la jornada se realizaron intervenciones, actividades culturales y la lectura de un documento conjunto elaborado por organizaciones feministas.
La movilización estuvo atravesada por la conmoción generada por los recientes femicidios de Agostina Vega, de 14 años, en Córdoba, y Dulce María Beatriz Candia, en Misiones, casos que reavivaron el reclamo por medidas urgentes contra la violencia machista.
Marchas en todo el país
Además de la concentración en Buenos Aires, hubo manifestaciones en Córdoba, Rosario, Neuquén, Mar del Plata y otras ciudades argentinas. En Córdoba, donde ocurrió el femicidio de Agostina Vega, la familia de la adolescente participó de la movilización y reclamó justicia.
Durante la jornada se observaron carteles con consignas contra los femicidios, pedidos de justicia por víctimas de violencia de género y reclamos por el fortalecimiento de las políticas de asistencia y prevención.
Un reclamo que sigue vigente
El movimiento Ni Una Menos surgió el 3 de junio de 2015 tras el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada en la localidad santafesina de Rufino. Desde entonces, la fecha se convirtió en una jornada de movilización nacional para visibilizar la violencia contra mujeres y diversidades.
A más de una década de aquella primera convocatoria, las organizaciones sostienen que la problemática continúa siendo una deuda pendiente y remarcan la necesidad de garantizar protección, acceso a la justicia y políticas integrales para prevenir la violencia de género.
