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El jefe de Gabinete rectificó sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción e incorporó más de 500.000 dólares vinculados a inversiones en Bitcoin que no había declarado durante su gestión. Hay denuncia penal en curso.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó el miércoles su declaración jurada patrimonial correspondiente a 2025 ante la Oficina Anticorrupción, junto a rectificativas de los años 2023 y 2024. El documento incorporó más de 500.000 dólares en inversiones de criptomonedas que el funcionario no había registrado con anterioridad. La presentación se realizó en el marco de una investigación interna que la propia Oficina Anticorrupción abrió a raíz de denuncias periodísticas.
En una entrevista televisiva con LN+ realizada la noche anterior, Adorni admitió haber mantenido dinero no declarado. Explicó que había invertido en Bitcoin entre 2013 y 2018 con un capital inicial de aproximadamente 200.000 dólares, que habrían generado ganancias acumuladas hasta superar los 513.000 dólares. Atribuyó el origen de ese capital a ahorros del sector privado y a una herencia familiar. «Fue plata que ahorré trabajando antes de ser funcionario», declaró.
El patrimonio neto declarado por Adorni al cierre de 2025 asciende a más de 627 millones de pesos, lo que implica un incremento nominal del 2.241% y un aumento real del 415,9% respecto de lo informado al inicio de su gestión en 2023, según el análisis publicado por el medio especializado Chequeado. Este porcentaje supera ampliamente cualquier otra variación patrimonial registrada entre funcionarios de alto rango en los últimos años.
Las rectificaciones incluyen la incorporación de dos inmuebles que no figuraban en presentaciones anteriores: un departamento en Caballito y una vivienda en el country Indio Cuá, adquirida en noviembre de 2025. Asimismo, se modificó la situación patrimonial de su esposa, Bettina Angeletti, y se incorporaron deudas declaradas en dólares por más de 187.000 dólares. El valor de la propiedad en el country fue tasado en más de 350.000 dólares.
El funcionario también declaró gastos personales que duplican sus ingresos formales durante el período, un dato que genera interrogantes sobre la consistencia de los fondos incorporados. La diputada Mónica Frade presentó una denuncia penal por presuntas omisiones en las declaraciones juradas y solicitó la inhabilitación de Adorni para el ejercicio de cargos públicos. «No se puede ocultar medio millón de dólares y seguir siendo funcionario», sostuvo la legisladora.
El oficialismo busca descomprimir la presión política apurando la presencia del funcionario ante el Senado. La reunión de Labor Parlamentaria deberá definir la convocatoria en los próximos días. Adorni tiene previsto presentarse ante ARCA para abonar los impuestos derivados de las rectificaciones. La cifra a pagar rondaría los 30 millones de pesos, según estimaciones de especialistas tributarios.
La causa penal, mientras tanto, quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello, quien deberá decidir si cita a Adorni a indagatoria. La oposición ya presentó un pedido de sesión especial para interpelar al funcionario. La presión política y judicial sobre el jefe de Gabinete no cesa. Su continuidad en el cargo pende de un hilo.
