3 min de lectura
La Cámara de Diputados atraviesa días de definiciones en torno al futuro político del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Mientras el Senado ya fijó una hoja de ruta para debatir una eventual interpelación y una posible moción de censura, en la Cámara Baja continúan las negociaciones entre oficialismo, oposición y bloques dialoguistas.
La oposición solicitó una sesión para el próximo martes con el objetivo inicial de emplazar a las comisiones que deben analizar los pedidos de interpelación. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a tomar fuerza una alternativa más expeditiva: votar directamente en el recinto la convocatoria a Adorni, sin necesidad de atravesar el trámite parlamentario habitual en comisión.
En este escenario, los bloques dialoguistas, especialmente el PRO y la UCR, mantienen una posición de cautela y observan atentamente los movimientos que puedan producirse en el Senado. Fuentes parlamentarias reconocen que gran parte de la estrategia en Diputados dependerá de lo que resuelvan sus pares en la Cámara Alta.
Mientras tanto, La Libertad Avanza aguarda una definición de la mesa política del oficialismo respecto de la agenda legislativa para las próximas semanas. Entre los temas en análisis aparecen el acuerdo con los holdouts y el proyecto denominado Super RIGI, iniciativas que el Gobierno busca impulsar en el Congreso.
Desde sectores de la oposición aseguran que existe voluntad de avanzar con la interpelación y sostienen que una eventual falta de quórum por parte de algunos bloques podría generar costos políticos, especialmente si esos mismos espacios acompañan medidas similares en el Senado.
La discusión también tiene un componente jurídico. Algunos legisladores consultaron a especialistas en derecho constitucional sobre la posibilidad de convocar directamente a una interpelación mediante una votación en el recinto. La interpretación que gana terreno sostiene que se trata de una facultad constitucional propia de cada cámara y que, por lo tanto, no requeriría el recorrido legislativo ordinario previsto para los proyectos de ley.
En esa línea, distintos constitucionalistas consideran que, si la Cámara reúne el quórum necesario y aprueba la convocatoria, el jefe de Gabinete estaría obligado a concurrir al Congreso para responder las preguntas de los legisladores, quienes posteriormente podrían evaluar su responsabilidad política y definir si mantienen o no su respaldo.
Por ahora, el oficialismo evita anticipar movimientos, los bloques aliados esperan señales más claras y la oposición trabaja para consolidar una mayoría que le permita avanzar. El principal interrogante sigue siendo el mismo: si la interpelación deberá pasar por comisión o si Diputados optará por un procedimiento directo apoyado en las facultades que establece la Constitución.
