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El regreso a las aulas tras el receso invernal quedó atravesado por un paro docente nacional convocado por CTERA, que exhibió un acatamiento dispar entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. Mientras en Capital Federal la mayoría de las escuelas mantuvieron sus puertas abiertas con funcionamiento variable según el grado, en el Gran Buenos Aires la medida de fuerza se sintió con mayor intensidad, con establecimientos prácticamente vacíos y un acatamiento total en varios casos.
La huelga fue resuelta en el congreso de CTERA como parte de un plan de lucha que exige la reapertura de la Paritaria Nacional Docente, la recomposición salarial frente a la inflación y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado en 2024. Según reconstruyó Infobae, el gremio sostiene que el sueldo mínimo de un docente se encuentra estancado en 500 mil pesos, lo que motiva el reclamo por un aumento sustancial.
Panorama en la Ciudad de Buenos Aires
Un recorrido por distintos establecimientos educativos de Capital Federal mostró un escenario heterogéneo. En la Escuela Integral Interdisciplinaria N° 16 «Gral. Ing. Mosconi», en Villa Devoto, se dictaron clases con normalidad desde la mañana. En la Escuela Primaria Común N° 17 «Gregoria Matorras», también en Villa Devoto, se registraron clases en aproximadamente la mitad de los grados.
En la Escuela Primaria Común N° 14 «Leopoldo Lugones», en Villa Crespo, hubo clases en algunos grados; allí, la madre de un alumno celebró que la maestra de su hijo hubiera asistido. La Escuela N° 2 «Juana M. Gorriti» tuvo actividad normal, mientras que en la Escuela Primaria Común N° 13 «Dr. Ignacio Lucas Albarracín», en Villa Devoto, apenas se dictaron clases en unos pocos grados debido a la fuerte adhesión de su planta docente.
Desde el Gobierno porteño confirmaron a Clarín que no realizarían auditorías adicionales a las propias, dado que el seguimiento de la asistencia docente se gestiona a través de sus canales centralizados, mediante un sistema informático de registro con huellas digitales.
Fuerte acatamiento en el Conurbano bonaerense
El panorama fue más crítico en el Gran Buenos Aires. La Escuela Secundaria N° 2 «Patricias Argentinas», en Villa Martelli, partido de Vicente López, estuvo prácticamente vacía y casi sin clases desde la mañana. La Escuela Primaria N° 7 «Dr. Nicolás Avellaneda» registró un acatamiento total al paro y permaneció sin clases.
Esta diferencia coincide con lo anticipado por los propios gremios bonaerenses, nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que ratificaron la adhesión a la medida para este lunes. El Frente ya había anticipado que el reinicio del ciclo lectivo se vería afectado en numerosos establecimientos de la Provincia, en el marco de una escalada de conflictividad que atraviesa todo el primer semestre de 2026.
«El artículo 6 de la Constitución Nacional prohíbe que un organismo administrativo nacional ejerza facultades de fiscalización o sanción sobre materias reservadas a las provincias sin el proceso político-parlamentario correspondiente», señala la circular firmada por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.
En esa circular, enviada a inspectores provinciales y directores de escuelas, se aclaró que, «por ser una medida inconstitucional», no le den ninguna información a funcionarios o inspectores nacionales sobre el acatamiento del paro.
Los motivos del paro y el contexto gremial
La huelga de CTERA no es un hecho aislado. Se da en el marco de un plan de lucha que incluye el rechazo a las políticas de ajuste que, según el gremio, afectan al sistema educativo. A ese reclamo económico se suma la oposición a una eventual reforma previsional y el rechazo al proyecto conocido como la «Ley de Libertad Educativa», además de demandas de mayor inversión en infraestructura edilicia, comedores escolares, becas, conectividad y programas socioeducativos.
La medida no estuvo circunscripta a la docencia primaria y secundaria: también adhirió la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), por lo que la protesta alcanzó a todos los niveles del sistema educativo, desde el nivel inicial hasta las universidades nacionales. En paralelo, se sumó un paro de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
No todo el sindicalismo docente optó por el mismo camino: los gremios nucleados en la CGT eligieron un plan de lucha alternativo que no implicó la suspensión de actividades escolares, con jornadas de trabajo a reglamento y movilizaciones en lugar de un paro total.
Inspecciones del Gobierno nacional y tensión con las provincias
Antes del inicio de la jornada, el Gobierno nacional anunció que realizaría «inspecciones muestrales» en las escuelas para medir la adhesión a la medida de fuerza. El operativo tuvo un respaldo legal explícito: el Ministerio de Capital Humano informó que se llevaría adelante la supervisión del cumplimiento de la Ley 27.802, cuyo artículo 101 establece a la educación como servicio esencial, en el marco de las atribuciones de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
El objetivo de la inspección es verificar que las entidades gremiales convocantes al paro nacional respetaran el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo. Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello fueron categóricos: en caso de detectarse un incumplimiento, se activarían los protocolos para analizar la aplicación de sanciones contra las organizaciones sindicales responsables, aunque el Ministerio aclaró que esas sanciones no serían automáticas, sino que primero debía comprobarse la falta e iniciarse el procedimiento administrativo correspondiente.
Sin embargo, tanto la Ciudad como la Provincia de Buenos Aires aclararon que no colaborarían ni ejecutarían los controles requeridos por la Nación. El Gobierno porteño confirmó que no realizarían auditorías adicionales, mientras que la provincia envió una circular prohibiendo a sus inspectores brindar información. El argumento central es la defensa de la autonomía provincial en materia educativa, amparada en el artículo 6 de la Constitución Nacional.
El conflicto, que ya tuvo un antecedente en la medida provincial del 30 de junio convocada por el FUDB ante la falta de una convocatoria paritaria, se profundiza ahora con este nuevo episodio de tensión entre el Gobierno nacional y los distritos. La pregunta que queda abierta es si las inspecciones nacionales tendrán efectos concretos o si, por el contrario, la negativa de las provincias a colaborar diluirá cualquier posible sanción.
