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El canciller explicó la estrategia del Gobierno para desalentar las inversiones hidrocarburíferas en las islas. La nueva reglamentación alcanza a petroleras, proveedores, aseguradoras y firmas financieras. También defendió a Vaca Muerta como una herramienta de presión y negociación frente al Reino Unido.
El canciller Pablo Quirno aseguró que el Gobierno argentino notificó a unas 180 empresas vinculadas con la actividad hidrocarburífera en las Islas Malvinas y les planteó un escenario concreto: deberán optar entre continuar operando en el archipiélago y afrontar sanciones en la Argentina, o abandonar esas actividades y conservar la posibilidad de hacer negocios en el país.
Quirno realizó estas declaraciones durante su exposición en la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se desarrolla en Puerto Iguazú, Misiones, y explicó los alcances de las medidas anunciadas por Javier Milei en su discurso por cadena nacional.
“La Ley 26.659, que ahora va a ser un poquito más famosa a partir de anoche, lo que hacía era sancionar a las empresas petroleras que operen en Malvinas, prohibiéndoles operar en la Argentina”, explicó el funcionario.
Según el canciller, el contexto económico del país cambió desde la sanción de esa normativa. “Cuando se dictó la ley en 2011, 2013, no existía Vaca Muerta, entonces no tenía ningún incentivo para decidir”, sostuvo.
La estrategia del Gobierno: obligar a las empresas a elegir
Para Quirno, el objetivo de la nueva reglamentación es modificar los incentivos económicos de las compañías que participan de proyectos hidrocarburíferos en las islas.
“Hoy lo que estamos haciendo es justamente generar ese desincentivo, que tengan que elegir entre invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o que vengan a Argentina con la seguridad jurídica y con mayor potencialidad de negocios”, afirmó.
El funcionario fue contundente al describir el alcance de la medida: “Van a tener que elegir, lo mismo que nuestros países y nuestros vecinos”.
La reglamentación amplía además el universo de empresas que podrían quedar alcanzadas por las sanciones. No se trata solamente de las petroleras que participan directamente de los proyectos, sino también de compañías que les brindan distintos servicios.
“Un decreto reglamentario para darle celeridad a las sanciones a las compañías que operen en Malvinas, las compañías que operen en Malvinas más sus proveedores de servicios petroleros, de servicios financieros, de servicio de seguro, etcétera”, detalló Quirno.
En total, según precisó, el universo alcanza actualmente a 180 compañías, que ya fueron notificadas por el Gobierno.
“Ya fueron anoticiadas la semana pasada de que cuidado, van a tener que elegir o van a ser sancionadas acá y van a tener que tener un proceso bastante complicado”, advirtió.
Qué pasará con las empresas que abandonen Malvinas
El Gobierno también pretende modificar la Ley 26.659 para ampliar las herramientas de sanción, pero al mismo tiempo crear una vía de salida para las compañías que decidan abandonar las operaciones cuestionadas por la Argentina.
Quirno explicó que actualmente una empresa sancionada puede quedar prácticamente excluida del mercado argentino. Por eso, la reforma buscará establecer mecanismos que permitan revertir esa situación si la compañía deja de operar en Malvinas.
“Nosotros tenemos que generar los mecanismos bajo los cuales podamos entrar y salir de ese proceso, una vez que desestimaste”, sostuvo.
La intención oficial es generar un incentivo económico para que las compañías reconsideren su participación en proyectos hidrocarburíferos en las islas.
El RIGI también será utilizado como herramienta
Entre las nuevas condiciones, Quirno destacó una modificación relacionada con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El decreto reglamentario incorpora una declaración jurada mediante la cual las empresas que pretendan acceder a los beneficios del régimen deberán manifestar que no están incumpliendo la Ley 26.659.
“Hemos incluido en el decreto reglamentario que salió hoy justamente una declaración jurada de los aspirantes a los beneficios del RIGI, que tengan que decir ellos que no están en violación de la Ley 26.659”, explicó.
La exigencia también quedaría vinculada con la futura modificación de la legislación que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso.
Vaca Muerta como herramienta de negociación
Uno de los principales argumentos de Quirno fue que el desarrollo de los recursos estratégicos argentinos, particularmente Vaca Muerta, modifica la posición del país frente al Reino Unido.
El canciller planteó que la capacidad de atraer inversiones y desarrollar activos energéticos permite a la Argentina contar con mayores herramientas para defender sus intereses en el conflicto de soberanía.
“Esta valorización de los activos estratégicos que nos hace parar de manera diferente ante el mundo es clave en lo que estamos haciendo”, afirmó.
Según el funcionario, el crecimiento de Vaca Muerta y otros sectores estratégicos permite construir una posición de mayor fortaleza frente a Gran Bretaña y frente a otros países.
La Base Naval de Tierra del Fuego
Quirno también se refirió a otro de los anuncios realizados por Milei: la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
El canciller sostuvo que la decisión busca reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y mejorar las capacidades logísticas vinculadas con la Antártida.
“Hoy nos compramos el espacio fiscal para tomar la decisión de poner recursos directamente en una base naval estratégica en Tierra del Fuego”, señaló.
Según explicó, el proyecto permitirá fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur, mejorar la logística antártica, ampliar la prestación de servicios en la región y reforzar la custodia del Mar Argentino.
El impacto en las petroleras del proyecto Sea Lion
Quirno también destacó el impacto que las nuevas medidas tuvieron sobre las compañías involucradas en el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado en la Cuenca Malvinas Norte.
El proyecto es impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que poseen el 65% y el 35% de participación, respectivamente.
Las compañías habían anunciado en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para una primera etapa del desarrollo, con una inversión prevista de USD 1.800 millones, una producción estimada de 50.000 barriles diarios y el comienzo de la extracción previsto para 2028.
Durante su exposición, Quirno destacó el comportamiento bursátil de ambas empresas como una señal del impacto de la estrategia argentina.
“Ya empezamos a ver justamente el impacto que ha tenido hoy (…) en la valorización de las acciones de estas compañías”, afirmó.
En la jornada mencionada por el canciller, las acciones de Rockhopper Exploration cayeron 6,3% en la Bolsa de Londres, mientras que los títulos de Navitas Petroleum retrocedieron 2,3% en Tel Aviv.
Para Quirno, esa reacción forma parte de lo que denominó una “diplomacia ejecutiva y una diplomacia económica”, mediante la cual el Gobierno busca combinar herramientas diplomáticas, legales, económicas y financieras.
El Gobierno busca respaldo empresario y regional
El canciller aseguró además que la estrategia está siendo discutida con representantes del sector privado y que varias cámaras empresariales ya expresaron su respaldo.
“Estamos en conversaciones con el sector privado para que se entienda hacia dónde vamos y por qué estamos haciendo eso. Contamos ya con el respaldo de varias cámaras empresariales”, afirmó.
Quirno también mencionó las conversaciones mantenidas con Chile respecto de la asistencia logística para las actividades de hidrocarburos y pesca en la zona.
Según explicó, el Gobierno argentino busca que esos servicios no sean utilizados para facilitar las operaciones que considera ilegítimas en las aguas circundantes a las islas.
Una estrategia que recién comienza
La reforma de la Ley 26.659 deberá ser discutida en el Congreso y apunta a ampliar las sanciones no solo sobre las empresas que exploten hidrocarburos en Malvinas sin autorización argentina, sino también sobre aquellas que les presten servicios.
El Gobierno pretende así utilizar el peso del mercado argentino y el atractivo de sus recursos estratégicos como herramientas para desalentar nuevas inversiones en el archipiélago.
En ese esquema, Quirno resumió la estrategia oficial con una definición que marca el tono de la nueva política: las empresas deberán decidir entre continuar con sus negocios en Malvinas o preservar su posibilidad de operar en la Argentina.
