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Las nuevas presentaciones judiciales incorporan sociedades de Rockhopper, Borders & Southern y Desire Petroleum y profundizan la investigación sobre ejecutivos de Navitas y Eco Atlantic. El objetivo oficial es determinar quiénes participaron en las decisiones vinculadas con los proyectos hidrocarburíferos en las islas.
El Gobierno de Javier Milei amplió las denuncias penales por las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en las Islas Malvinas e incorporó a la investigación a 27 empresarios, ejecutivos y directivos vinculados con las compañías que participan de distintos proyectos petroleros.
Las nuevas presentaciones alcanzan a sociedades relacionadas con Rockhopper Exploration, Borders & Southern y Desire Petroleum, y profundizan además la investigación sobre integrantes de Navitas Petroleum y Eco Atlantic Oil & Gas.
Las acciones fueron impulsadas por el canciller Pablo Quirno, como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Sebastián Amerio.
Una de las presentaciones amplía la causa CFP 4437/2026, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 12, a cargo del juez Julián Ercolini, e incorpora nuevos hechos, sociedades y personas vinculadas principalmente con el proyecto petrolero Sea Lion.
De las empresas a quienes toman las decisiones
La nueva etapa de la ofensiva judicial busca avanzar más allá de la identificación de las compañías que participan de los emprendimientos.
Según surge de los escritos, el objetivo es establecer qué personas participaron en las decisiones, el financiamiento, las contrataciones, el asesoramiento jurídico, la dirección y la ejecución de las operaciones vinculadas con los proyectos.
En total, los documentos identifican a 27 personas físicas. De ellas, 16 no figuraban entre los 60 sujetos alcanzados por los procedimientos administrativos iniciados previamente por el Gobierno.
La aparición de estos nombres en las denuncias, sin embargo, no implica por sí misma una imputación penal ni determina responsabilidad individual. La Justicia deberá establecer cuál fue, en cada caso, la participación concreta de los involucrados y si existieron conductas que puedan constituir delitos.
Los ejecutivos de Navitas bajo investigación
Entre los nuevos nombres aparecen integrantes de la estructura directiva y operativa de Navitas Petroleum Limited Partnership.
La presentación menciona a Gideon Tadmor, Koby Katz, Amit Kornhauser, Tamar Rosenberg, Meital Hillel Abramov, Nadav Sorek, David Bernheim y Jonathan Akiva Sternberg, a quienes vincula con diferentes funciones dentro de la compañía.
El documento identifica a Tadmor como chairman; a Katz como vice chairman; a Kornhauser como CEO; a Rosenberg como CFO; a Abramov como vicepresidenta y general counsel; a Sorek como responsable de subsuelo y operaciones; y a Bernheim como encargado de asuntos comerciales y fusiones y adquisiciones. Sternberg aparece relacionado con Navitas USA.
Para el Gobierno, la relevancia de esos cargos radica en que abarcan áreas relacionadas con el desarrollo y eventual explotación de Sea Lion, como dirección, finanzas, cuestiones legales, operaciones, exploración y desarrollo de negocios.
La denuncia sostiene que la investigación debe determinar si esas personas tuvieron una intervención jurídicamente relevante en las decisiones o actos relacionados con las actividades investigadas.
Más nombres dentro de la estructura de Sea Lion
La presentación incorpora también a Ian Ramsey, Gareth Bamford, Aleks Armstrong, Yossi Gvura y Charles Taylor, vinculados con Navitas Petroleum Development & Production Limited.
El escrito ubica a esa subsidiaria dentro de la estructura operativa de Sea Lion y asigna a los mencionados distintas responsabilidades. Ramsey aparece como CEO y Bamford como COO, mientras que Armstrong está relacionado con las áreas de subsuelo y exploración, Gvura con las finanzas y Taylor con la dirección del activo Sea Lion.
Según el Gobierno, esas posiciones deberán ser analizadas para determinar si sus titulares participaron en decisiones, instrucciones, documentación o comunicaciones relacionadas con las actividades de exploración, desarrollo y eventual explotación hidrocarburífera.
Eco Atlantic: siete ejecutivos individualizados
La ampliación también incorpora a Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Alice Carroll, Gadi Levin y Emily Ferguson, todos vinculados con Eco Atlantic Oil & Gas Ltd.
Los primeros seis ya habían sido mencionados en los procedimientos administrativos impulsados anteriormente por el Gobierno. Ferguson aparece ahora entre las personas incorporadas a la investigación penal.
Holzman figura como presidente y CEO de la compañía, mientras que Levin aparece como CFO. Los restantes son mencionados como integrantes de la estructura directiva, con funciones ejecutivas y no ejecutivas.
La presentación sostiene que la individualización busca determinar quiénes intervinieron en la adopción, ejecución, autorización, financiación o supervisión de las decisiones relacionadas con las actividades petroleras investigadas.
Rockhopper, Borders & Southern y Desire Petroleum
La ofensiva judicial también alcanza a compañías vinculadas con otros proyectos hidrocarburíferos.
En el caso de Rockhopper, la presentación incorpora a Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited y Rockhopper Exploration (Oil) Limited. Una de las líneas centrales de la investigación está relacionada con las licencias y activos vinculados con Sea Lion.
También se amplió la presentación contra Borders & Southern Falkland Islands Limited y Borders & Southern Petroleum PLC. En este caso fueron individualizados Harry Baker, Peter Fleming, William Hodson, Bruce Porter, Jon Harris, David Harry Williamson Dobson y Sean Guest.
Dobson ya había aparecido entre los nombres alcanzados por los procedimientos administrativos. La nueva presentación suma a los otros seis integrantes de la estructura empresarial.
El escrito pone el foco, además, en la licencia PL018, donde se encuentra el descubrimiento Darwin East-1, y busca determinar cómo está organizada la estructura societaria y quiénes participaron en las decisiones relacionadas con la exploración y eventual explotación.
En cuanto a Desire Petroleum Limited, el Gobierno recordó los antecedentes administrativos de la compañía en la Argentina y volvió a cuestionar sus actividades vinculadas con licencias petroleras en las islas.
A diferencia de las otras presentaciones, en este caso el escrito solicita que la investigación judicial determine quiénes fueron las personas que participaron en la planificación, financiación, coordinación, dirección o ejecución de las actividades bajo análisis.
Quiénes son los 27 nombres incorporados
De acuerdo con las presentaciones, los 27 nombres individualizados son:
- Navitas: Gideon Tadmor, Koby Katz, Amit Kornhauser, Tamar Rosenberg, Meital Hillel Abramov, Nadav Sorek, David Bernheim, Jonathan Akiva Sternberg, Ian Ramsey, Gareth Bamford, Aleks Armstrong, Yossi Gvura y Charles Taylor.
- Eco Atlantic: Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Alice Carroll, Gadi Levin y Emily Ferguson.
- Borders & Southern: Harry Baker, Peter Fleming, William Hodson, Bruce Porter, Jon Harris, David Harry Williamson Dobson y Sean Guest.
La nómina permite observar que la estrategia judicial apunta especialmente a las personas que ocupan posiciones de conducción, finanzas, asesoramiento legal, operaciones y desarrollo de los proyectos.
Qué establece la Ley 26.659
Las denuncias se apoyan principalmente en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 26.659, que establece sanciones para determinadas actividades hidrocarburíferas realizadas en la Plataforma Continental Argentina sin autorización.
La normativa contempla posibles responsabilidades tanto para quienes realizan o encargan las actividades como para determinadas personas que actúan dentro de las empresas.
De todos modos, la inclusión de una persona en una denuncia no equivale a una condena ni determina que haya cometido un delito. Será la investigación judicial la que deberá establecer si existieron hechos ilícitos y, eventualmente, qué responsabilidad corresponde a cada involucrado.
Los escritos también plantean la posibilidad de investigar otras figuras legales, entre ellas eventuales infracciones vinculadas con residuos peligrosos y el Código Aduanero, además de mencionar hipótesis como asociación ilícita y lavado de activos, siempre sujetas a lo que pueda surgir de la investigación.
Una ofensiva que busca reconstruir la cadena de decisiones
Las nuevas presentaciones profundizan la estrategia del Gobierno frente a las actividades petroleras desarrolladas alrededor de las Islas Malvinas.
Después de avanzar sobre empresas y otras personas físicas y jurídicas mediante procedimientos administrativos, el Estado busca ahora reconstruir la cadena de decisiones dentro de las compañías: quién autorizó las operaciones, quién intervino en el financiamiento, quién brindó asesoramiento, quién dirigió los proyectos y quién participó de su ejecución.
La Justicia deberá determinar si las conductas denunciadas constituyen delitos y, en ese caso, cuáles fueron las responsabilidades individuales. Mientras tanto, la ofensiva judicial amplía el alcance de la disputa argentina por las actividades hidrocarburíferas en las islas y pone bajo análisis a ejecutivos vinculados con Navitas, Rockhopper, Eco Atlantic, Borders & Southern y Desire Petroleum.
