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La Provincia abrió expedientes tras recibir 2.240 denuncias por presuntos abusos en créditos y mecanismos de cobro. Las fintech deberán responder sobre tasas, plazos, costos financieros y condiciones de pago. Las multas podrían alcanzar los $1.883 millones por empresa.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires profundizó los controles sobre las billeteras virtuales y empresas fintech que ofrecen créditos, luego de recibir 2.240 denuncias por presuntos abusos vinculados con préstamos, morosidad y mecanismos de recupero de deuda.
Las actuaciones fueron iniciadas bajo la normativa de defensa del consumidor y apuntan principalmente a determinar si las empresas brindaron información suficiente y clara sobre las condiciones de los créditos que ofrecen a través de sus plataformas.
Según explicó el ministro de Producción, Ciencia e Innovación bonaerense, Augusto Costa, las investigaciones podrían derivar en multas de hasta $1.883 millones por empresa, dependiendo de las infracciones que finalmente se determinen.
Qué información deberán brindar las empresas
Uno de los principales focos de las investigaciones está puesto en la información que reciben los usuarios antes de contratar un préstamo.
La Provincia busca establecer si las plataformas informan de manera clara y comprensible:
- La tasa de interés aplicada al crédito.
- El plazo de devolución.
- El costo financiero de la operación.
- El monto total que deberá pagar el usuario.
- Las condiciones y fechas de pago.
- Las consecuencias derivadas de la mora o el incumplimiento.
“Lo que hicimos fue imputarlos por incumplir con la obligación de informar claramente las condiciones particulares de los créditos”, explicó Costa.
El funcionario cuestionó además las condiciones de algunos préstamos ofrecidos mediante aplicaciones. Como ejemplo, mencionó operaciones en las que se prestan $70.000 y se cobran $9.000 de intereses en apenas un mes, una tasa que, según su cálculo, anualizada supera el 1.000%.
La Provincia también investiga los mecanismos de cobro
Las actuaciones no se limitan a las condiciones financieras de los préstamos. Otro de los puntos bajo análisis es la forma en que algunas empresas intentan recuperar las deudas cuando los usuarios entran en mora.
Según las denuncias recibidas, se habrían producido llamados a familiares, contactos en los lugares de trabajo, mensajes reiterados y comunicaciones durante horarios considerados inapropiados.
Para Costa, esas prácticas podrían configurar situaciones de hostigamiento y acoso en el recupero de deudas.
La Provincia deberá determinar en cada expediente si las comunicaciones realizadas por las empresas se ajustaron a las normas de defensa del consumidor.
El antecedente de Mercado Libre y Mercado Pago
El Gobierno bonaerense ya había iniciado una investigación de oficio contra Mercado Libre y Mercado Pago por presuntos incumplimientos de la normativa de defensa del consumidor.
Según Costa, a partir de aquella actuación la compañía modificó sus términos y condiciones. El funcionario sostuvo que esos cambios terminaron teniendo alcance nacional.
El antecedente es utilizado por la Provincia para sostener que, aun sin intervenir directamente sobre la regulación financiera, puede actuar cuando considera que una empresa incumple las obligaciones previstas en materia de información y protección de los consumidores.
Una discusión sobre la regulación de las fintech
Costa planteó además una diferencia entre las condiciones que enfrenta el sistema bancario tradicional y las empresas fintech.
“El sistema bancario tradicional tiene unas pautas y las billeteras virtuales tienen otras. Una primera cuestión es equilibrar eso”, sostuvo.
El ministro señaló que las billeteras pueden financiar los créditos con fondos propios y ofrecerlos a tasas que no están sujetas a los mismos mecanismos de regulación que rigen para otras entidades financieras.
Desde la perspectiva bonaerense, el problema excede las condiciones particulares de cada préstamo y se vincula con el crecimiento del endeudamiento de los hogares.
La Provincia atribuye el aumento de la mora al deterioro de los ingresos
Costa sostuvo que muchas personas recurren a los créditos de las billeteras virtuales no para financiar consumos extraordinarios, sino para afrontar gastos básicos como alimentos y servicios.
En ese sentido, atribuyó el aumento del endeudamiento a la pérdida de poder adquisitivo, el desempleo y el incremento de los costos de los servicios.
El Gobierno de Axel Kicillof anticipó que continuará utilizando las herramientas disponibles dentro de la legislación de defensa del consumidor y mantendrá el diálogo con las empresas mientras persistan las discusiones sobre el marco regulatorio nacional.
Por ahora, las compañías deberán responder a las imputaciones y aportar la información requerida por las autoridades bonaerenses. A partir de esas respuestas, la Provincia determinará si corresponde avanzar con sanciones económicas y otras medidas.
