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El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri fue detenido en la noche del jueves y trasladado a la Unidad Penal N°1 de Paraná, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme su condena a ocho años de prisión por delitos de corrupción cometidos durante su gestión al frente de la provincia, entre 2007 y 2015.
La detención se concretó horas después de que el máximo tribunal rechazara el último recurso presentado por la defensa de Urribarri, en el marco de la causa conocida como la megacausa de publicidad oficial. La orden alcanzó también a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, y al exministro de Comunicación de su gobierno, Pedro Báez, ambos también condenados en el mismo expediente.
Un intento fallido por evitar la prisión
La condena a ocho años de prisión que ahora Urribarri deberá cumplirla en forma efectiva.
Con el fallo ya firme, la defensa técnica de Urribarri intentó una maniobra de último momento para evitar que el exgobernador terminara detenido: solicitó que se le otorgara la prisión domiciliaria invocando razones de salud, en atención a los antecedentes cardíacos y de hipertensión que el propio exmandatario arrastra desde hace años. La fiscalía se opuso al pedido y el tribunal actuante lo rechazó, aunque dispuso que se garantice «la continuidad de los tratamientos y provisión de la medicación prescripta» y su traslado a centros hospitalarios en caso de ser necesario durante el cumplimiento de la condena.
El antecedente de salud no es menor: cuando en 2024 Urribarri había sido detenido por primera vez y trasladado a la cárcel de Paraná, debió viajar acompañado por un cardiólogo luego de sufrir un pico de tensión al conocer la noticia de su detención.
Según pudo reconstruirse, la orden de detención se ejecutó durante la noche del jueves, con la Justicia entrerriana movilizando simultáneamente a los tres condenados. «Los están yendo a buscar a todos ahora, viernes por la noche», señaló una fuente con acceso directo al expediente. Urribarri fue trasladado desde su domicilio en la ciudad de Concordia hacia la Unidad Penal N°1 de Paraná.
La causa: contratos de publicidad simulados
La condena a ocho años de prisión que ahora Urribarri deberá cumplir en forma efectiva fue dictada originalmente el 7 de abril de 2022, luego confirmada por la Casación de Entre Ríos en 2023 y ahora, finalmente, ratificada por la Corte Suprema tras desestimar el recurso presentado por uno de los condenados, Gustavo Roberto Tamay, en una resolución que consolidó también las penas del resto de los imputados en el expediente.
La Justicia consideró probado que, durante su gestión al frente de la provincia de Entre Ríos, Urribarri direccionó contrataciones de publicidad estatal hacia fines particulares, a través de un esquema que incluyó contratos simulados con empresas vinculadas a su entorno cercano, entre 2010 y 2015. Según se acreditó en el expediente, el esquema comprendió 143 operaciones irregulares que generaron un perjuicio económico superior a los 12 millones de pesos para las arcas provinciales.
El juicio concentró cinco denuncias distintas en contra del exmandatario, impulsadas originalmente por los abogados radicales Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet. La condena lleva aparejada, además de la pena de prisión, la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
De la embajada en Israel a la cárcel
El recorrido de Urribarri desde la sentencia de primera instancia hasta su detención definitiva estuvo marcado por giros políticos significativos. Al momento de conocerse el fallo de primera instancia, en abril de 2022, Urribarri se desempeñaba como embajador argentino en Israel, designado por el entonces presidente Alberto Fernández. Tras la condena, el propio Fernández le pidió la renuncia al cargo diplomático.
El exgobernador, considerado un aliado del kirchnerismo, ya había estado detenido en una primera oportunidad, pero fue liberado en enero de 2025 luego de un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que le permitió fijar domicilio en la ciudad de Concordia mientras continuaba el trámite de los recursos ante la Corte Suprema.
El rol de los otros condenados
Tanto Juan Pablo Aguilera como Pedro Báez tuvieron roles diferenciados dentro del esquema que la Justicia consideró probado. Aguilera, cuñado del exgobernador, habría sido uno de los beneficiarios directos de los contratos de publicidad direccionados, a través de empresas vinculadas a su entorno familiar. Báez, por su parte, se desempeñó como ministro de Comunicación durante la gestión de Urribarri y habría tenido a su cargo la implementación administrativa del esquema de contrataciones cuestionado por la fiscalía.
La confirmación de las penas contra ambos, en la misma resolución que ratificó la condena de Urribarri, consolidó jurídicamente el expediente completo, cerrando una de las últimas puertas procesales que todavía permanecían abiertas para eventuales revisiones del fallo, luego de años de apelaciones sucesivas ante distintas instancias del Poder Judicial provincial y federal.
Un antecedente que marcó la política entrerriana durante más de una década
El caso Urribarri había generado fuerte repercusión desde el momento mismo de su instrucción, no solo por la magnitud de los montos involucrados, sino por la trayectoria política del acusado. Urribarri gobernó la provincia de Entre Ríos durante dos mandatos consecutivos, entre 2007 y 2015, y llegó a ser mencionado en distintos momentos como un posible candidato con proyección nacional dentro del espacio kirchnerista, antes de que la causa judicial comenzara a avanzar formalmente en su contra.
Su designación como embajador en Israel durante el gobierno de Alberto Fernández, ya con el proceso judicial en marcha, había generado también controversia política, en un contexto en el que distintos sectores de la oposición cuestionaron la decisión de otorgarle un cargo diplomático a un funcionario con una causa judicial de esa magnitud en trámite.
Qué sigue
Con la detención ya efectiva, el tribunal que lo condenó deberá disponer ahora la ejecución completa de la pena y las condiciones específicas del cumplimiento de la condena, incluyendo el seguimiento médico comprometido por la Justicia. Urribarri, que cumplirá 68 años el próximo 7 de octubre, deberá cumplir la totalidad de los ocho años de prisión en la Unidad Penal N°1 de Paraná, salvo que en el futuro se resuelva algún cambio en la modalidad de detención por motivos de salud.
Con la condena ahora firme y la detención efectiva, el capítulo judicial de la megacausa de publicidad oficial en Entre Ríos llega a su etapa de ejecución de pena, después de más de una década desde que comenzaron a investigarse las irregularidades en las contrataciones estatales que finalmente lo llevaron a prisión.
