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El gremio protestó en la sede central ante el fin de contratos previsto para el 30 de septiembre. El Gobierno busca desacoplar el turismo deficitario para priorizar la atención médica y sanear una deuda millonaria.
La crisis en la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) sumó un nuevo capítulo de máxima tensión tras la toma de su sede central en la Ciudad de Buenos Aires por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La medida de fuerza busca frenar la reestructuración del organismo, que contempla la desvinculación del área turística y recreativa, una decisión que el sindicato advierte que dejará desprotegidos a cerca de 600 trabajadores civiles.
La protesta estuvo encabezada por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, e incluyó la ocupación del cuarto piso del edificio ubicado en la calle Paso al 551, donde funcionan las oficinas de las autoridades. El conflicto central se enfoca en el vencimiento masivo de contratos previsto para el próximo 30 de septiembre, fecha límite fijada para la transferencia de 13 hoteles y dos centros recreativos desde la estructura de salud hacia el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Aguiar ratificó que las medidas se irán profundizando y no descartó la ocupación de otras dependencias si no se garantiza la estabilidad laboral tanto del personal contratado como de los empleados de planta permanente que podrían quedar en régimen de disponibilidad.
Desde la conducción de la obra social y el Ministerio de Defensa rechazaron la existencia de despidos confirmados y enmarcaron el proceso en una transición administrativa indispensable. Según la versión oficial, la gestión del turismo representa un déficit anual de $2.000 millones, recursos que la nueva administración considera imprescindibles para restablecer las prestaciones sanitarias, compras de medicamentos y servicios médicos congelados de sus 330.000 afiliados.
El trasfondo del reclamo coincide con la profunda reorganización impuesta por el DNU 88/2026, el cual dividió la cobertura de los militares de la correspondiente a las fuerzas federales de seguridad (que formaban parte del antiguo IOSFA). En paralelo, el organismo afronta un pasivo millonario que las autoridades ubican en $200.000 millones y que el gremio eleva por encima de los $500.000 millones. La lentitud en la resolución de estas obligaciones aceleró la salida del administrador de la liquidación residual, el coronel mayor (R) Ariel Guzmán, tras la exigencia del ministro de Defensa, Carlos Presti, de agilizar el saneamiento de las cuentas antes de fin de año.
