El juez citó a una reunión de trabajo al titular de la DGI y ordenó nuevas medidas en la investigación por presunto lavado de activos y uso de testaferros vinculados a autoridades de la AFA.
El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky levantó este jueves el secreto de sumario en la causa que investiga un presunto esquema de lavado de activos y utilización de testaferros para la compra de una lujosa casaquinta en Pilar, atribuida a altas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En ese marco, citó a una reunión de trabajo al titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Mariano Mengochea, y ordenó nuevas medidas de prueba.
La decisión fue adoptada luego de un dictamen del fiscal Claudio Navas Rial, quien solicitó avanzar en la reconstrucción del hecho precedente del supuesto lavado, con foco en la trazabilidad tributaria, societaria y financiera de las operaciones vinculadas no solo a la mansión de Villa Rosa, sino también a otras dos propiedades ubicadas en el barrio privado Ayres del Pilar, según indicaron fuentes judiciales.
Entre las nuevas medidas dispuestas se incluyó el pedido de filmaciones de cámaras de seguridad de las inmediaciones del predio, ante versiones que indican que, días antes del allanamiento judicial, habrían retirado caballos y algunos vehículos del lugar.
Sociedades bajo la lupa
El secreto de sumario había sido impuesto durante el feriado de Navidad para concretar diligencias puntuales, como el allanamiento a un estudio contable vinculado a los presuntos testaferros: el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte.
Ambos son los principales imputados e integran Real Central SRL, la sociedad que figura como titular formal de la casaquinta de Villa Rosa y de las dos propiedades en Ayres del Pilar. Deberán justificar el origen de los fondos utilizados para adquirir y sostener esos bienes y fueron convocados a prestar descargo el próximo lunes, de manera escrita o presencial.
La línea central de la investigación apunta a establecer quién solventa realmente los gastos operativos de las propiedades —expensas, servicios, seguros, mantenimiento y movilidad—. En el caso de Ayres del Pilar, los investigadores detectaron que las expensas eran abonadas en efectivo en una sucursal bancaria.
Otro punto sensible es la existencia de una flota de 54 vehículos de alta gama, hallados en un galpón dentro del predio, cuyos peajes eran pagados con una única tarjeta de crédito. El juzgado ordenó reconstruir el origen de los fondos con los que se abonaban los resúmenes de ese plástico.
Además, se investiga la presencia de un helipuerto activo dentro de la quinta. En ese sentido, se solicitaron informes para identificar aeronaves, movimientos y pasajeros, con el objetivo de vincular esos traslados con los presuntos beneficiarios reales del inmueble.
Un perfil económico incompatible
Según la causa, Pantano figura inscripto como monotributista y registraba deudas bancarias superiores a los dos millones de pesos al inicio de la investigación. Su madre, jubilada y trabajadora autónoma, incluso percibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia.
Sin embargo, en mayo de 2024 la sociedad —entonces denominada Central Parks Drinks SRL— aumentó su capital social de 300 mil a 58 millones de pesos, cambió su nombre a Real Central SRL y, pocas semanas después, concretó la compra del predio de más de 100 mil metros cuadrados.
Para los denunciantes, esa secuencia refuerza la hipótesis de una estructura societaria utilizada como pantalla para ocultar y disimular el origen ilícito de fondos de alto valor económico. En esa línea, la Coalición Cívica amplió la denuncia penal y sostuvo que existen indicios compatibles con el delito de lavado de activos.
