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Alessandro Amicarelli, presidente de la Federación Europea para la Libertad de Creencias, publicó un análisis en The European Times donde vincula el caso del ciudadano ruso con absoluciones recientes por causas de trata y con la situación del líder mapuche Facundo Jones Huala. El artículo señala un «patrón sistemático» de fiscales que expanden sus mandatos más allá de los límites legales.
El abogado internacional de derechos humanos Alessandro Amicarelli, presidente y portavoz de la Federación Europea para la Libertad de Creencias, publicó en The European Times un extenso análisis titulado «Exceso prosecutorial en Argentina: una preocupación creciente en materia de derechos humanos». El artículo señala que Argentina atraviesa un patrón sistemático de fiscales que expanden sus mandatos más allá de los límites legales, interpretan las leyes de manera creativa y manejan la evidencia con una laxitud que vulnera garantías procesales básicas.
El caso de Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso acusado por presunta trata de personas que tramita la Justicia Federal de Bariloche, ocupa un lugar central en ese diagnóstico. Amicarelli sostiene que «todo indica que Arrigo actúa con animosidad personal hacia Rudnev».
El fiscal Arrigo y los antecedentes cuestionados
El fiscal a cargo, Fernando Arrigo, jefe de la Fiscalía Descentralizada de Bariloche, fue señalado en el artículo por su manejo de la evidencia. Amicarelli recuerda que Rudnev entró a prisión como un hombre saludable y salió prácticamente discapacitado después de catorce meses en la Unidad 6 de Rawson, debiendo someterse a una cirugía de inmediato.
Según el abogado, las condiciones inhumanas a las que fue sometido —frío extremo, ventanas sistemáticamente rotas durante los allanamientos, falta de condiciones sanitarias básicas—, sumadas a una inmunidad severamente deteriorada por once años de prisión en Rusia, hacen que cualquier nueva encarcelación constituya una amenaza real para su vida.
El artículo también expone otro flanco de la actuación de Arrigo: la presunta víctima del caso Rudnev presentó una denuncia ante el Fiscal General contra Arrigo y otros fiscales, acusándolos de forzarla a reconocerse como víctima y someterla a diversas formas de presión. La denuncia fue remitida a la propia Fiscalía y archivada rápidamente por falta de mérito.
Los casos vinculados
El análisis cita tres fallos judiciales recientes que ilustran el problema. El 13 de octubre de 2025, el juez federal Roberto Falcone absolvió al pastor evangélico Roberto Tagliabué después de tres años de prisión preventiva. Falcone no encontró base fáctica para la narrativa construida por la fiscalía.
En 2022, la Justicia Federal de Tres de Febrero desestimó cargos contra miembros del movimiento Cómo Vivir por Fe. En 2024, el Tribunal Oral Federal de Paraná absolvió a imputados de la Iglesia Tabernáculo Internacional y documentó graves abusos de PROTEX y el Programa Nacional de Rescate.
Amicarelli también vincula a Arrigo con la causa del líder mapuche Facundo Jones Huala. Cuando el juez Ezequiel Andreani ordenó el traslado de Jones Huala a Esquel, la Fiscalía de Bariloche presentó una apelación firmada por Arrigo que paralizó la ejecución de la decisión.
También figura en el artículo el antecedente de la muerte de Franco Casco, un joven que desapareció en Rosario en 2014 tras ser detenido por la policía y cuyo cuerpo fue hallado en el río Paraná. Arrigo participó en esa investigación, ampliamente cuestionada por irregularidades.
El llamado a las autoridades
Amicarelli interpela directamente al Presidente, al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Seguridad. «Deben garantizar que fiscales, jueces y otros funcionarios actúen estrictamente dentro de la ley y respeten plenamente los derechos humanos, los principios del juicio justo y la dignidad humana», sostiene.
El análisis se suma a una serie de voces internacionales que pusieron el foco sobre el caso Rudnev. La abogada parisina Patricia Duval presentó una solicitud de acción urgente ante la ONU, el CESNUR lanzó una comisión de especialistas internacionales, y la CIDH recibió una petición de medidas cautelares.
