Causa Rudnev: la ONU cuestionó la actuación de la fiscalía de Bariloche

Una presentación escrita ante el 62° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuestionó el trato judicial que recibió en la Argentina el ciudadano ruso Konstantin Rudnev, imputado por presunta trata de personas en la causa que investiga a la comunidad que él lideraba en Bariloche. El documento denuncia un «deterioro» en la situación del detenido y advierte sobre lo que califica como riesgos de «represión transnacional».

Qué dice la presentación

El escrito, registrado bajo la signatura A/HRC/62/NGO/235, sostiene que tres decisiones judiciales distintas habrían ordenado el traslado de Rudnev —quien padece una fibrosis pulmonar severa, según el documento— desde una cárcel de máxima seguridad hacia el arresto domiciliario, pero que en cada oportunidad la fiscalía habría apelado y demorado su implementación, hasta que la tercera orden finalmente se hizo efectiva. Para las organizaciones firmantes, esa dinámica plantea interrogantes sobre el respeto al estado de derecho en el proceso.

El documento también señala que Rudnev sería, según su lectura del expediente, el único imputado de la causa que continúa bajo una medida de detención, ahora en modalidad domiciliaria, pese a lo que las ONG describen como ausencia de pruebas concretas en su contra y su delicado estado de salud. La presentación invoca el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que la prisión preventiva debe ser excepcional y estar justificada por evidencia concreta, además de citar el Conjunto de Principios de la ONU para la protección de personas detenidas y las Reglas Nelson Mandela.

Los cuestionamientos sobre el fondo del expediente

Sobre el contenido de la investigación, el documento sostiene que las denuncias que dieron origen a la causa no habrían sido corroboradas en su totalidad, que los exámenes forenses realizados habrían descartado las acusaciones vinculadas al tráfico de estupefacientes, y que no se habría hallado evidencia de actividad criminal organizada, según el planteo de las organizaciones presentantes. El texto también hace referencia a un dato estadístico sobre el uso de la prisión preventiva en la Argentina, que según estimaciones citadas alcanzaría a casi la mitad de la población carcelaria del país.

La presentación incluye además un capítulo sobre el origen de las acusaciones contra Rudnev, señalando que durante años habría sido caracterizado por autoridades rusas y medios alineados con el Estado como líder de un grupo cuestionado, una narrativa que, según las ONG, lo habría acompañado primero en Montenegro —adonde se mudó tras su salida de Rusia— y luego en la Argentina.

La revocación de la prisión domiciliaria y la denuncia contra los fiscales

Semanas atrás, la Cámara Federal de Casación Penal había revocado la prisión domiciliaria que Rudnev había obtenido, al considerar que persistía riesgo de fuga por la gravedad de los delitos investigados y la falta de arraigo del imputado en el país, y ordenó la realización de estudios médicos antes de definir su eventual traslado a una unidad carcelaria.

Como respuesta, la abogada costarricense Iveth Emilia Quesada Ugalde, integrante de la defensa de Rudnev, presentó ante la Procuración General de la Nación una denuncia disciplinaria contra los fiscales Oscar Fernando Arrigo —titular de la Sede Fiscal Descentralizada de San Carlos de Bariloche—, Tomás Labal y Gustavo Révora, por presuntas irregularidades en la investigación. Según el escrito, existiría un patrón de actuación orientado a sostener la detención intramuros de Rudnev mediante argumentos que la denuncia describe como fácticamente inexactos y con omisión de elementos favorables al imputado. La letrada aclaró que la presentación no busca revisar las resoluciones judiciales ya dictadas, sino que se investigue la conducta funcional de los tres fiscales, un planteo que ahora deberá resolver el Ministerio Público Fiscal.