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El comercio exterior argentino quedó prácticamente paralizado luego de que los prácticos, pilotos y baqueanos de todo el país decidieran dejar de prestar servicios por tiempo indeterminado en rechazo al Decreto 690/2026, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger .
La medida de fuerza, que comenzó el sábado 1 de agosto, ya provocó la paralización de más de 150 buques en los principales puertos del país, afectando las exportaciones de granos, combustibles y la logística de la Hidrovía Paraná-Paraguay . El Centro de Navegación advirtió que la situación genera «pérdidas millonarias en divisas» y afecta la reputación de la marca país .
El decreto, publicado en el Boletín Oficial el 30 de julio, reemplaza el reglamento de practicaje vigente desde 1991 y forma parte de la estrategia del Gobierno para reducir el «costo argentino» mediante la eliminación de regulaciones que, según la visión oficial, restringen la competencia y encarecen la actividad económica .
Entre los principales cambios introducidos por la norma se encuentran la apertura del registro de prácticos habilitados, la eliminación de la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido, la liberación de la contratación por parte de los usuarios y la fijación de tarifas máximas por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) .
El ministro Sturzenegger defendió la reforma al sostener que busca «desarmar kioscos» y convertir los ríos argentinos en «una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio» . Según el Gobierno, el practicaje y pilotaje de un solo buque que sube a cargar a los puertos del Paraná cuesta entre US$50.000 y US$100.000, mientras que en puertos de Estados Unidos y Europa el mismo servicio cuesta menos de la mitad .
Los profesionales del sector rechazaron la reforma y decidieron no aceptar nuevos contratos. Como la mayoría ejerce como profesional independiente y no está representada por un sindicato, el Gobierno enfrenta una dificultad adicional: no puede dictar la conciliación obligatoria, ya que técnicamente no existe un conflicto laboral colectivo .
El impacto ya se siente en los principales nodos portuarios del país. Según el Centro de Navegación, se registran 140 buques pendientes de confirmación del servicio de practicaje y/o pilotaje, cifra que se verá acrecentada con el correr de las horas . También se cancelaron operaciones que ya estaban pautadas y que han sido redireccionadas al Puerto de Montevideo y a puertos del sur de Brasil .
La Cámara Argentina de Energía (CADE) informó que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas se encuentran «momentáneamente interrumpidas» en terminales estratégicas como Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova . La interrupción afecta el despacho de naftas, gasoil y crudo hacia las refinerías, generando riesgo en la cadena de distribución de combustibles .
En el plano de las obras de infraestructura, el conflicto obligó a mantener fondeada en el exterior a la embarcación de transporte pesado HL White Marlin, cuyos servicios estaban programados para maniobras vinculadas a las etapas operativas del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en la costa atlántica . El buque traslada en su cubierta al barco Seminole y a dos remolcadores indispensables para la instalación de las monoboyas y el tendido submarino en la costa rionegrina .
El Gobierno respondió con una ofensiva administrativa a través de la Prefectura Naval Argentina, que intimó a más de 500 profesionales a retomar sus tareas bajo apercibimiento de sanciones administrativas y penales . Las intimaciones advierten que el incumplimiento del servicio, clave para el guiado de buques en ríos, canales y accesos portuarios, podría derivar en denuncias penales respaldadas por los artículos 190 y 194 del Código Penal, que contemplan penas de hasta ocho años de prisión para quienes entorpezcan el transporte por agua .
La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales calificó al decreto de «abusivo e inconstitucional» y anunció una denuncia penal contra Milei, Sturzenegger y otros funcionarios por presunta violación del artículo 190 del Código Penal, que castiga actos que ponen en peligro la seguridad de naves .
La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) manifestó su «más profunda preocupación» ante la «severa parálisis» que afecta la operatoria en las terminales portuarias de la Hidrovía y los principales nodos marítimos del país . La entidad instó al Gobierno y a los prácticos a conformar una mesa de negociación para resolver el conflicto, normalizar la actividad e implementar el decreto .
El conflicto quedó planteado alrededor de una pregunta central: ¿hasta dónde puede avanzar la desregulación de una actividad que tiene una incidencia directa sobre la seguridad de los buques, las tripulaciones y las instalaciones portuarias? Mientras el Gobierno apuesta a la competencia para bajar costos, los prácticos advierten que la flexibilización excesiva puede trasladar riesgos a las maniobras de ingreso, egreso y navegación en zonas complejas .
