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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires retiró 471 estacionamientos reservados para personas con discapacidad que funcionaban de manera irregular en lo que va de 2026. De ese total, 44 estaban en el barrio de Palermo, donde se detectó un hecho insólito: cuatro espacios truchos en una misma cuadra.
Los lugares removidos se encontraban sobre la calle 3 de Febrero al 1100, entre la avenida Federico Lacroze y Teodoro García. Según el informe del Gobierno porteño, los permisos presentaban todo tipo de irregularidades: carteles falsos, autorizaciones vencidas y, en los casos más extremos, reservas activas cuyos titulares ya habían fallecido.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, calificó la situación como «insólita» y advirtió: «Se terminó el vale todo. Ley y orden». La medida forma parte de una política de ordenamiento del espacio público que comenzó en mayo de 2025 y se profundizó a lo largo de 2026.
Según datos de la Ciudad, hay aproximadamente 4.000 espacios para estacionar destinados a personas con discapacidad. La ocupación de un estacionamiento sin permiso no solo es una apropiación ilegal del espacio público, sino que perjudica a los vecinos con discapacidad que tienen el derecho y la necesidad de utilizar estos espacios reservados.
El relevamiento realizado por la Secretaría de Tránsito de la Ciudad reveló un abanico de irregularidades. Según datos oficiales, el 76% de los carteles removidos correspondía a permisos vencidos, en mal estado o fuera de uso; el 11% tenía titulares fallecidos; el 9% era adulterado o falsificado; y el 4% correspondía a reservas no oficiales.
Los carteles con titulares fallecidos (11%) y los permisos vencidos (76%) representaban irregularidades administrativas que la Ciudad no había controlado. En tanto, los carteles adulterados o falsificados (9%) y las reservas no oficiales (4%) constituían casos de apropiación ilegal directa, que suman el 13% de los espacios removidos.
Las nuevas sanciones
El Gobierno porteño endureció las multas para quienes falsifiquen o adulteren los carteles de estacionamiento. Las nuevas sanciones incluyen multas de hasta $200.000, suspensión de la licencia de conducir y, en los casos más graves, denuncia penal por falsificación de documentos.
«Se terminó la avivada de apropiarse de la calle con estacionamientos truchos. Les vamos a suspender la licencia de conducir, van a pagar una multa y todos los costos del operativo. Si falsificaron el cartel de la reserva para discapacitados, les vamos a hacer una denuncia penal», sentenció Macri.
Además, los responsables deberán pagar los gastos operativos de la remoción del cartel y la pintura del cordón. La nueva normativa introduce un criterio de responsabilidad económica directa: quien haya generado de forma deliberada la situación irregular deberá afrontar la totalidad de los costos derivados del operativo.
El Gobierno porteño también envió a la Legislatura un proyecto de ley para modificar el Código Contravencional e incorporar como contravención la conducta de quien falsifique o adultere un cartel de estacionamiento para personas con discapacidad.
Las multas previstas incluyen sanciones de hasta $200.000 por exhibir certificados o credenciales de discapacidad inexistentes o antirreglamentarias, y de hasta $100.000 por instalar señales de tránsito sin autorización o por modificar o destruir señalización vial.
El protocolo de acción
La Secretaría de Tránsito de la Ciudad intensificó los controles sobre la cartelería y estableció un protocolo de acción inmediata que incluye: retiro inmediato del cartel irregular, radicación de denuncia penal en casos de falsificación, posibilidad de descargo para el infractor antes del inicio de una causa penal, y suspensión preventiva de la licencia de conducir.
El Gobierno porteño también estableció un plazo de 20 días para que quienes utilizaban espacios no autorizados regularicen su situación a través del sitio de Trámites a Distancia (TAD) o por correo electrónico a reservaespacio@buenosaires.gob.ar. Una vez vencido ese plazo, la Ciudad aplicará las sanciones previstas.
«Esto no es contra quienes cumplen con los requisitos. Al contrario: las personas que realmente lo necesitan tienen su lugar garantizado. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad», sostuvo Macri.
La medida busca garantizar que los beneficios de accesibilidad lleguen a quienes realmente los necesitan y evitar la apropiación indebida del espacio público en una ciudad donde estacionar es cada vez más difícil.
