Miércoles 12 de agosto de 2026
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La Justicia embargó el departamento donde cumple prisión domiciliaria Cristina Kirchner y otras propiedades

4 min de lectura

El Tribunal Oral Federal N° 2 ordenó nuevas medidas sobre bienes vinculados a la causa Vialidad. El listado incluye inmuebles, vehículos y activos de sociedades relacionadas con la familia Kirchner y otros condenados.

La Justicia ordenó nuevos embargos sobre propiedades y activos vinculados a la causa Vialidad, entre ellos el departamento de la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria.

La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal N° 2, encargado de ejecutar la condena de seis años de prisión contra la expresidenta por la causa relacionada con la obra pública en Santa Cruz.

Según la resolución, los embargos forman parte del proceso destinado a avanzar sobre el decomiso de bienes para recuperar el perjuicio económico establecido en la sentencia, calculado en unos $685.000 millones.

El embargo no implica un remate inmediato

La resolución judicial establece la indisponibilidad jurídica de los bienes, por lo que sus titulares no pueden transferirlos ni constituir nuevos gravámenes mientras continúa el proceso.

Esto significa que la medida no implica un remate inmediato ni un cambio automático de titularidad. El decomiso definitivo requiere avanzar con las etapas correspondientes de ejecución de la sentencia.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso también extendieron las medidas sobre bienes vinculados con sociedades relacionadas con Máximo y Florencia Kirchner, quienes no fueron condenados en la causa Vialidad.

Qué propiedades fueron alcanzadas

Entre los bienes incluidos aparecen distintas propiedades vinculadas a Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., sociedades cuyas acciones pertenecen a los hijos de la expresidenta.

El listado incluye:

  • El departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.
  • Un dúplex, un departamento, siete cocheras y una baulera en el Madero Center, en Puerto Madero.
  • Propiedades en El Calafate y Río Gallegos.
  • El terreno donde funciona el Hotel La Aldea del Chaltén.
  • Otros terrenos e inmuebles ubicados en Santa Cruz.

También fueron alcanzadas propiedades de empresas constructoras vinculadas al expediente, entre ellas Kank y Costilla S.A. y Loscalzo y Del Curto S.R.L.

También embargaron vehículos

La resolución incluye además distintos vehículos pertenecientes a personas condenadas en el expediente.

Entre ellos figura una Honda CR-V de Cristina Kirchner. También se ordenaron medidas sobre vehículos de Lázaro Báez, José López, Mauricio Collareda, José Raúl Santibáñez y Nelson Periotti.

En el listado aparecen, entre otros, un Ford Mondeo, un BMW 630, un Chrysler Coupé, un Torino, una Chevrolet Meriva, una Land Rover Defender, una Dodge Journey y un Fiat 600.

También quedó alcanzado un bote a motor perteneciente a José López.

La Justicia pidió información sobre cuentas de Florencia Kirchner

En paralelo, el Tribunal requirió al Banco Galicia información sobre una caja de seguridad y dos cuentas bancarias —una en pesos y otra en dólares— pertenecientes a Florencia Kirchner.

El pedido debe ser respondido en un plazo de 24 horas. La medida está vinculada al pedido del fiscal Diego Luciani para que los USD 5.656.134 que se encuentran embargados en esa entidad sean incorporados al conjunto de bienes a recuperar.

Avanza el proceso de decomiso

Los nuevos embargos forman parte de una segunda etapa del proceso de ejecución de la condena. Según la información difundida, previamente la Justicia había avanzado sobre 111 bienes, que se encuentran en proceso de tasación.

Con estas nuevas medidas, el Tribunal busca preservar los activos identificados mientras continúa el procedimiento destinado a determinar cuáles serán finalmente decomisados para hacer efectivo el resarcimiento económico fijado en la causa Vialidad.

Por el momento, no se produjo la recuperación efectiva del dinero establecido como perjuicio, y el proceso judicial continúa con la identificación, tasación y eventual ejecución de los bienes alcanzados por las medidas.

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