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El caso de Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso imputado en Bariloche, ya no se discute solamente en los tribunales argentinos. Dos organizaciones con estatus consultivo ante la ONU elevaron una declaración escrita al Consejo de Derechos Humanos en la que cuestionan no solo la actuación del fiscal Fernando Arrigo, sino también la coherencia del sistema procesal penal argentino frente a sus compromisos internacionales.
Cuando la revisión de casación excede los límites fijados por el derecho interno, la coherencia del sistema queda comprometida» — señala la declaración de las ONG CADD y CAP
El documento, presentado por CADD y CAP LC, es contundente. No se limita a reclamar por la salud de Rudnev —que sigue en recuperación posquirúrgica con «estricto reposo en cama y asistencia continua»— sino que apunta al corazón del expediente: la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de admitir una queja de la fiscalía contra el arresto domiciliario. Para las ONG, esa intervención es incompatible con el Código Procesal Penal Federal y abre «una vía procesal que el CPPF no contempla».
El eje del reclamo es técnico pero devastador: el CPPF, a través de los artículos 53, 54 y 350, deja las decisiones sobre medidas de coerción en manos de jueces de revisión y «las excluye de la jurisdicción del Tribunal de Casación». Al ignorar ese diseño, la Cámara habría violado la arquitectura del nuevo código y expuesto a un imputado en estado crítico «a la posibilidad de encarcelamiento».
Pero el tramo más filoso de la declaración es el que apunta directamente al fiscal Fernando Arrigo. Según el texto, investigadores internacionales concluyeron que la actuación del fiscal «bordea una obsesión especial hacia este imputado y el ‘culto’ que supuestamente lidera». Las ONG sostienen que Arrigo ha asumido un rol que excede sus funciones, indicando a los jueces «cómo debe leerse el Código Penal y cómo pueden dejarse de lado sus límites». Esa dinámica, advierten, altera el equilibrio entre acusación y poder judicial y coloca la estrategia de la fiscalía por encima del texto de la ley.
La declaración no es un hecho aislado. La investigadora italiana Raffaella Di Marzio ya había identificado patrones de conducta obsesivos y desproporcionados en las acciones de Arrigo, señalando una postura impulsada no por la recopilación de pruebas, sino por una compulsión adversarial contra personas consideradas ideológicamente incómodas. El propio Arrigo ha sido señalado por su accionar en otro expediente de alto perfil: el del líder mapuche Facundo Jones Huala, donde, según denuncias, reprodujo el mismo patrón de crueldad institucional obsesiva.
En el caso Jones Huala, Arrigo firmó una apelación que paralizó el traslado del líder mapuche a Esquel cuando el juez así lo había ordenado. Durante una huelga de hambre que incluyó una fase seca, Jones Huala fue trasladado de urgencia a terapia intensiva con hemorragias internas graves. La comparación entre ambos casos es inevitable: un mismo fiscal, un mismo patrón de conducta, dos hombres llevados al borde de la muerte.
«Cuando la revisión de casación excede los límites fijados por el derecho interno, la coherencia del sistema queda comprometida» — señala la declaración de las ONG CADD y CAP LC ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Un reclamo que trasciende a Rudnev
Con esta presentación, las organizaciones dejan claro que el caso Rudnev ya no es solo sobre un imputado. Es una advertencia sobre el riesgo de que los mecanismos diseñados para proteger el debido proceso terminen siendo eludidos. El Consejo de Derechos Humanos tendrá ante sí, según las ONG, una denuncia detallada sobre cómo el sistema penal argentino y sus compromisos internacionales interactúan —y a veces chocan— entre sí.
La defensa de Rudnev, mientras tanto, evalúa una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la resolución de Casación. El fiscal Arrigo, por ahora, guarda silencio. Pero la acumulación de cuestionamientos —desde la ONU, desde organizaciones internacionales y desde la propia academia— empieza a construir una narrativa que el sistema judicial argentino no podrá ignorar por mucho tiempo.
Lo más revelador de esta historia no es el caso Rudnev en sí mismo, sino lo que dice sobre el sistema. ¿Cuántas veces tiene que repetirse el mismo patrón para que alguien se pregunte si el problema es el fiscal o el sistema que lo protege? En los últimos años, Arrigo acumuló denuncias en tres causas de alto perfil: Rudnev, Jones Huala y Casco. En las tres, el mismo método: prisiones preventivas prolongadas, pruebas cuestionables, familias destrozadas y un costo humano que el sistema judicial parece dispuesto a pagar.
