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Leonardo Sigal analizó en Infobae en Vivo el conflicto económico entre la cantante y Alejandro Stoessel y explicó qué figuras penales podrían investigarse si una pericia judicial detectara un perjuicio patrimonial.
La disputa entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, sumó una nueva arista: la posibilidad de que el conflicto por el manejo económico de la carrera de la cantante derive en una investigación judicial.
En medio de las negociaciones para reorganizar el patrimonio generado durante más de 15 años de trayectoria, el abogado penalista Leonardo Sigal analizó el caso en Infobae en Vivo y explicó cuáles podrían ser los delitos investigados si una eventual pericia judicial confirmara las irregularidades señaladas por la artista.
El punto de partida es una auditoría privada solicitada por Tini. Según la información difundida por sus representantes legales, la cantante no tendría participación accionaria ni control sobre algunas de las sociedades que canalizan ingresos vinculados con su música, su imagen y sus contratos comerciales.
De acuerdo con lo expuesto durante el programa, los abogados de la artista buscan revisar la estructura patrimonial construida a lo largo de los años y recuperar el control sobre los ingresos derivados de su actividad profesional.
¿Podía Alejandro Stoessel administrar el dinero de su hija?
Sigal explicó que, durante la minoría de edad de Tini, su padre podía intervenir en determinados aspectos relacionados con la administración de sus contratos y patrimonio.
El abogado recordó que los menores tienen una capacidad limitada para celebrar determinados contratos y que, en el caso de una carrera artística con acuerdos comerciales de gran magnitud, los padres pueden asumir la representación correspondiente.
Sin embargo, esa situación cambia al alcanzar la mayoría de edad.
Según el especialista, la potestad derivada de la representación de los padres se extingue cuando el hijo cumple 18 años, por lo que a partir de ese momento resulta fundamental determinar bajo qué condiciones continuó funcionando la estructura económica vinculada con la carrera de la cantante.
Tener sociedades a nombre del padre no constituye, por sí solo, un delito
Uno de los puntos que Sigal buscó aclarar es que la existencia de sociedades vinculadas con Alejandro Stoessel no implica automáticamente la comisión de un delito.
El abogado explicó que este tipo de estructuras societarias pueden utilizarse habitualmente para organizar y proteger el patrimonio de una actividad artística y para canalizar contratos comerciales.
El problema jurídico podría aparecer, según su análisis, si una investigación determina que esas sociedades fueron utilizadas para provocar un perjuicio económico a Tini.
“Si del resultado de esa pericia resulta que hay un detrimento patrimonial por parte del padre hacia ella, ahí entraría a jugar el artículo 172, 173”, explicó Sigal.
Administración fraudulenta y defraudación, las figuras que mencionó el penalista
El especialista señaló que, si una investigación judicial confirmara la existencia de maniobras destinadas a perjudicar económicamente a la cantante, podrían analizarse figuras vinculadas con la defraudación y la administración fraudulenta contempladas en el Código Penal.
La diferencia fundamental estará en lo que determine una eventual pericia judicial: no alcanza con comprobar que existieron sociedades o que el dinero fue administrado por terceros. Debería acreditarse una conducta que encuadre efectivamente en alguno de los delitos previstos por la legislación.
Sigal también mencionó la posibilidad de que una investigación alcance el aspecto tributario de las sociedades involucradas. En ese escenario, si se detectaran incumplimientos o maniobras destinadas a perjudicar al Estado, podrían analizarse eventuales responsabilidades en materia impositiva.
¿Qué penas podrían corresponder?
Según el análisis realizado por Sigal, los delitos de defraudación y administración fraudulenta que mencionó contemplan penas que pueden ubicarse entre uno y seis años de prisión, dependiendo de la figura concreta y de las circunstancias que se acrediten.
El abogado advirtió además que, si una investigación determinara la existencia de varias maniobras independientes, podría analizarse la aplicación de reglas de concurso de delitos, lo que podría agravar la situación penal del eventual imputado.
De todos modos, Sigal remarcó que antes de llegar a ese escenario debería existir una investigación formal y una pericia realizada por organismos judiciales. La auditoría privada realizada a pedido de Tini puede servir como elemento inicial, pero no determina por sí misma que se haya cometido un delito.
La clave estará en la pericia judicial
El conflicto, por ahora, se encuentra principalmente en el terreno patrimonial y profesional. Tini busca reorganizar la estructura económica relacionada con su carrera y recuperar el control sobre los ingresos generados por su actividad artística.
Si las partes no alcanzaran un acuerdo y se presentara una denuncia, será la Justicia la que deberá determinar si existió algún perjuicio económico, quiénes fueron responsables y si las conductas investigadas encajan en alguna figura del Código Penal.
Por eso, la eventual responsabilidad de Alejandro Stoessel dependerá de qué pueda probarse mediante una investigación judicial, y no solamente de los resultados de una auditoría privada o de las acusaciones que puedan surgir en el marco de la disputa familiar y empresarial.
