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Además de las sanciones a empresas que operen en las islas, el Gobierno prepara una estrategia que combina Defensa, infraestructura, tecnología y legislación. Tierra del Fuego y la Base Antártica Petrel aparecen como piezas centrales, mientras que la próxima semana podría ingresar al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
El reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas que Javier Milei volvió a instalar en cadena nacional no quedó limitado al discurso político. Detrás de los anuncios realizados por el Presidente existe un paquete de medidas que combina sanciones económicas, refuerzo de capacidades militares, infraestructura antártica, desarrollo satelital y una nueva legislación de seguridad nacional.
Algunas de esas decisiones ya comenzaron a materializarse con modificaciones presupuestarias y decretos publicados en el Boletín Oficial. Otras todavía necesitan pasar por el Congreso.
La estrategia oficial tiene como uno de sus principales objetivos incrementar las capacidades argentinas en el Atlántico Sur y utilizar herramientas económicas y diplomáticas para desalentar las actividades hidrocarburíferas que el Reino Unido impulsa alrededor del archipiélago.
Tierra del Fuego, en el centro de la estrategia
Uno de los anuncios más relevantes es la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, que el Gobierno pretende convertir en un punto estratégico para las operaciones argentinas en el Atlántico Sur.
Para comenzar las obras, el Poder Ejecutivo modificó créditos del Ministerio de Defensa y habilitó adelantos a proveedores y contratistas por $114.732 millones, una parte sustancial de los cuales estará destinada al proyecto.
La iniciativa no nació con la actual administración. Las obras habían comenzado en marzo de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández y con Jorge Taiana al frente del Ministerio de Defensa. Sin embargo, durante la gestión de Milei el financiamiento sufrió recortes y el proyecto quedó ralentizado.
Ahora, el Gobierno busca retomarlo.
En los primeros meses del año incluso se analizó la posibilidad de obtener financiamiento de Estados Unidos, debido al costo estimado de la obra. En el Ministerio de Defensa calculaban que completar la base podía demandar entre USD 400 millones y USD 500 millones.
Esa alternativa, sin embargo, actualmente está descartada.
El canciller Pablo Quirno explicó que la decisión responde a una estrategia propia de la Argentina y destacó la posición geográfica de Tierra del Fuego como punto de conexión con la Antártida y como plataforma para monitorear el extenso espacio marítimo argentino.
La conexión con la Base Petrel
La Base Naval Integrada no será el único proyecto que recibirá recursos adicionales.
El Gobierno también pretende acelerar el desarrollo de la Base Antártica Conjunta Petrel, ubicada en la Antártida y considerada estratégica por sus capacidades para operar tanto con embarcaciones como con aeronaves.
La intención de Defensa es avanzar con ambos proyectos en paralelo.
“Los dos están previstos como máxima prioridad”, explicaron fuentes oficiales, que señalaron que el objetivo es establecer una conexión operativa entre la base naval fueguina y Petrel.
La obra antártica también tiene un antecedente reciente. En abril de este año, TANDANOR completó la estructura del primer módulo y comenzó a avanzar sobre el segundo.
El desafío, en este caso, será sostener el financiamiento necesario. Los fondos enviados a la empresa pública durante el último año registraron una fuerte caída en términos reales, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Un proyecto de cuatro años
Dentro del Gobierno estiman que el desarrollo completo de estas capacidades requerirá al menos cuatro años.
La planificación contempla inversiones de entre USD 100 millones y USD 150 millones por año, con recursos provenientes de distintas fuentes presupuestarias.
Entre ellas aparece el Plan ARMA y el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), además de otras partidas que el Presidente anunció durante su mensaje.
La utilización del FONDEF será uno de los puntos a seguir. El fondo había quedado sin recursos en el diseño del Presupuesto 2026, por lo que la estrategia oficial podría incluir una recomposición para financiar parte de estas obras a partir de 2027.
Más dinero para satélites
La estrategia del Gobierno también tiene un componente tecnológico.
Entre las modificaciones presupuestarias anunciadas aparece un incremento de $117.000 millones en los gastos figurativos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
Fuentes oficiales señalaron que una parte importante de esos recursos estará destinada al desarrollo de satélites.
El objetivo es aumentar las capacidades de observación y generación de información estratégica sobre el territorio y el Atlántico Sur.
En ese marco, el Gobierno confirmó que el SABIA-Mar, la próxima misión satelital de la CONAE, atraviesa la etapa final de integración y ensayos en las instalaciones de INVAP.
El lanzamiento está previsto para el primer semestre de 2027.
El satélite incorporó una actualización tecnológica que amplió sus capacidades para obtener información útil para la producción, la seguridad, la investigación científica y la gestión ambiental.
El proyecto que llegará al Congreso
El próximo capítulo de la estrategia oficial estará en el Congreso.
El Gobierno prepara un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que, según fuentes parlamentarias, podría ingresar formalmente durante la próxima semana.
La iniciativa tendrá dos grandes componentes.
El primero buscará endurecer las sanciones previstas en la Ley 26.659 contra empresas relacionadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en las islas.
El proyecto establecería que esas compañías no puedan contratar en la Argentina, tanto con organismos públicos como con empresas privadas. También contemplaría, cuando corresponda, la posibilidad de aplicar la figura del juicio en ausencia.
El segundo eje será la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, un organismo destinado a coordinar las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.
La idea es concentrar en una misma estructura la respuesta del Estado frente a situaciones que el Gobierno considere amenazas para la seguridad nacional.
Milei explicó durante su discurso que buscará que ese organismo tenga herramientas para responder mediante mecanismos económicos y diplomáticos frente a actores estatales y no estatales.
El modelo elegido toma como referencia el National Security Council estadounidense.
El Gobierno busca acelerar el debate parlamentario
El oficialismo tiene especial interés en que el proyecto avance con rapidez.
La Cámara de Diputados tiene actualmente una agenda legislativa relativamente limitada y buena parte de los proyectos que generan mayor discusión política se encuentran en el Senado.
En ese escenario, el proyecto sobre Malvinas podría convertirse en una oportunidad para el Gobierno para ordenar a sus aliados y abrir una nueva etapa de negociación parlamentaria.
El desafío no es menor: durante el último año, el oficialismo sufrió varios desencuentros con bloques aliados y tuvo dificultades para construir mayorías estables.
La cuestión Malvinas, sin embargo, puede ofrecer un escenario diferente debido al consenso histórico existente alrededor del reclamo de soberanía.
Un antecedente en la familia Menem
El proyecto también tiene una particular conexión con la historia parlamentaria de los Menem.
Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados, tiene en su padre, Eduardo Menem, un antecedente directo sobre la cuestión Malvinas.
Eduardo Menem fue uno de los impulsores de la incorporación, en la reforma constitucional de 1994, de la cláusula que establece que la recuperación de las islas constituye un objetivo permanente e irrenunciable de la Argentina.
Cuatro años después, en 1998, también había promovido en el Senado un proyecto para sancionar e inhabilitar a las empresas que explotaran recursos naturales en las islas sin autorización argentina.
Aquella iniciativa no llegó a convertirse en ley, pero anticipó parte del esquema que años después quedó plasmado en la Ley 26.659, sancionada durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Una estrategia que va más allá del reclamo diplomático
Los anuncios de Milei muestran que el Gobierno pretende abordar la cuestión Malvinas desde varios frentes al mismo tiempo.
Las sanciones apuntan a las empresas y sus proveedores; la Base Naval Integrada busca fortalecer la presencia argentina en Tierra del Fuego; Petrel amplía las capacidades antárticas; los satélites aportan herramientas de monitoreo y generación de información; y el nuevo proyecto legislativo intenta crear un marco institucional para coordinar todas esas políticas.
El resultado será una estrategia que combine diplomacia, presión económica, infraestructura militar y tecnología.
La primera prueba será política: determinar si el Gobierno consigue transformar el consenso sobre la soberanía de Malvinas en una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar las nuevas herramientas que pretende utilizar.
