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La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, confirmó la condena contra el Estado argentino por la estatización de Aerolíneas Argentinas en 2008 y ratificó que deberá pagar USD 390,9 millones al fondo Titan Consortium, actual titular de los derechos del reclamo.
De esta manera, el tribunal rechazó la apelación presentada por la Argentina y dejó firme el fallo de primera instancia, lo que permite al fondo continuar con las acciones judiciales para intentar ejecutar el cobro de la indemnización.
La sentencia representa uno de los litigios internacionales más costosos que enfrenta el país. Según trascendió, Argentina lleva más de 16 meses sin realizar pagos vinculados a este laudo arbitral.
El origen del conflicto
La disputa se remonta a 2008, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió estatizar Aerolíneas Argentinas y Austral, que hasta ese momento estaban bajo el control del grupo español Marsans.
Tras la expropiación, la empresa inició un reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial encargado de resolver controversias entre Estados e inversores.
En 2017, el CIADI falló a favor de Marsans y fijó una indemnización de USD 320 millones, más intereses.
Posteriormente, los derechos de ese crédito fueron adquiridos por Burford Capital, que más tarde los transfirió a Titan Consortium, fondo que desde 2021 impulsa la ejecución del laudo en la Justicia estadounidense.
La presión sobre el Estado argentino
Con la decisión de la Cámara de Apelaciones, Titan queda habilitado para profundizar las acciones destinadas a cobrar la deuda.
El fondo ya había intentado avanzar sobre activos argentinos en el exterior, entre ellos garantías vinculadas a los antiguos Bonos Brady depositadas en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, en busca de asegurar el cumplimiento de la sentencia.
Especialistas en litigios internacionales señalan que los laudos del CIADI requieren ser reconocidos por tribunales nacionales para poder ejecutarse sobre bienes de un Estado, proceso que ahora suma un nuevo respaldo judicial a favor del demandante.
Una estatización rodeada de controversias
Antes de la nacionalización, Aerolíneas Argentinas atravesaba una profunda crisis financiera.
Durante la gestión de Marsans se desprendió de diversos activos, entre ellos oficinas comerciales en ciudades como Madrid, París, Roma, Nueva York y Miami, además de cancelar rutas internacionales y vender equipamiento operativo.
Al momento de la expropiación, las compañías acumulaban pasivos cercanos a USD 890 millones.
Mientras una valuación privada estimó que el grupo tenía un valor de entre USD 250 y USD 450 millones, el Tribunal de Tasación de la Nación concluyó que presentaba un patrimonio negativo superior a USD 760 millones, criterio que fue utilizado por el Congreso para avanzar con la estatización sin reconocer un valor económico a los antiguos accionistas.
La situación actual de Aerolíneas Argentinas
El fallo judicial se conoce en un contexto diferente para la empresa estatal.
Aerolíneas Argentinas informó que cerró 2025 con una ganancia operativa de USD 112,7 millones, consolidando el superávit obtenido un año antes y sin requerir transferencias del Tesoro Nacional.
La mejora en los resultados respondió, según la compañía, a un proceso de reducción de costos que incluyó una disminución de la planta de personal, el cierre de oficinas, la eliminación de rutas deficitarias y cambios en la operación para mejorar la rentabilidad.
El Gobierno mantiene su intención de avanzar con la privatización de la aerolínea, aunque cualquier operación en ese sentido deberá contar con la aprobación del Congreso.
