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Un fallo judicial acaba de encender la mecha de una crisis institucional sin precedentes entre los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el poder político, abriendo una grieta profunda sobre cómo el Estado debe tratar el delito cometido por menores de edad. La jueza porteña Laura De Marinis declaró la inconstitucionalidad de los pilares del flamante Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años que había sido imputado por el delito de tentativa de robo.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri y la senadora de LLA Patricia Bullrich
La resolución no solo paraliza la aplicación práctica de una ley que rige desde el 5 de septiembre pasado y que representaba la principal bandera en materia de seguridad del oficialismo, sino que desató un contraataque frontal y despiadado. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ya anunciaron que impulsarán de manera inmediata el juicio político para destituir a la magistrada, acusándola de tener las manos «manchadas de sangre» y de priorizar la protección de los delincuentes por sobre la de las víctimas.
Este conflicto trasciende el caso particular del adolescente sobreseído. Se trata de una batalla ideológica, jurídica y política sobre el modelo de seguridad urbana en la capital del país, que contrapone la doctrina del garantismo constitucional frente a la demanda social e institucional de mayor dureza punitiva o «mano dura».
El corazón del fallo: «No podemos castigarlos por lo que no hicimos»
La decisión de la titular del Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 recayó específicamente sobre el artículo 1 de la Ley 27.801, la normativa que estructura el nuevo esquema de persecución penal a menores en el ámbito porteño.
En su extensa y minuciosa argumentación, De Marinis sostuvo que la nueva respuesta estatal es de carácter «regresivo», un concepto jurídico clave en materia de derechos humanos. La regresividad implica que un Estado no puede sancionar leyes que disminuyan o recorten derechos ya adquiridos y garantizados por normativas anteriores o tratados internacionales. Según el fallo, antes de la sanción de esta ley, el Estado no perseguía penalmente de forma punitiva a los menores de esta edad, sino que daba intervención inmediata a un sistema de protección integral de derechos, enfocado en la contención sociosanitaria y educativa del menor.
De Marinis fue tajante al señalar la responsabilidad compartida del Estado y de la sociedad civil en la gestación del delito juvenil. En uno de los pasajes más resonantes de su resolución, fundamentó: «A lo que apunto es que, como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia».
La magistrada consideró que aplicar el rigor del Código Penal y castigar a los chicos por las deficiencias y la falta de respuestas del mundo adulto implica «desresponsabilizarnos de nuestro rol» y del deber de corresponsabilidad social que exige la Constitución. Si bien en su texto aclaró explícitamente que el fallo se aplica de forma estricta a este caso particular y que su intención no es «romantizar la infracción penal juvenil», dejó sentado que, frente a delitos contra la propiedad (como una tentativa de robo), debe priorizarse la protección integral de los derechos del menor por sobre el castigo punitivo de encierro.
El contraataque político: Juicio político y acusaciones cruzadas
La onda expansiva del fallo sacudió de inmediato a la sede del Gobierno de la Ciudad en la calle Uspallata. Para el Ejecutivo porteño, la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil era una herramienta vital para pacificar las calles y combatir a las bandas dedicadas al robo piraña, arrebatos y entraderas, delitos que estadísticamente cuentan con una altísima participación de menores en la base de la pirámide delictiva y un alto índice de reincidencia.
La respuesta del oficialismo elevó el tono de la confrontación a un nivel pocas veces visto en los últimos años, apuntando no a apelar el fallo por las vías ordinarias, sino a destituir directamente a la jueza. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, utilizó sus redes sociales y diversas entrevistas para apuntar contra la magistrada, catalogándola con el término despectivo de «garantista» y asimilándola a lo que en la jerga política se denomina «jueces sacapresos».
«Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre», disparó Macri. «La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito y dejan indefensos a los ciudadanos que salen a trabajar todos los días. Vamos a pedir el juicio político de esta magistrada porque no está a la altura de lo que la sociedad exige», concluyó el mandatario porteño.
En idéntica sintonía se expresó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien desde el plano federal también impulsa proyectos para la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años. Bullrich sentenció: «Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes, por buscarles excusas sociológicas, que por hacer justicia a las víctimas. Es muy difícil construir un país normal así. Cuando la policía detiene a un delincuente, la Justicia lo libera por la otra puerta».
A esta embestida institucional se sumó el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, quien advirtió que en la Ciudad el delito «debe tener consecuencias inmediatas» y confirmó que promoverá formalmente el enjuiciamiento de la magistrada a título personal ante el Consejo de la Magistratura porteño. Para lograr la destitución de un juez en la Ciudad, el oficialismo necesita reunir mayorías especiales tanto en el Consejo como en el posterior Jurado de Enjuiciamiento, un proceso que requiere de amplios consensos políticos con la oposición legislativa.
Quién es Laura De Marinis y el pesado antecedente del «playero»
Para comprender la magnitud de la reacción política, es necesario repasar el perfil de la jueza que se encuentra en el ojo de la tormenta. Laura De Marinis inició su recorrido en el Poder Judicial en el año 2006, formándose en las entrañas del sistema incluso antes de recibirse de abogada en la Universidad de Buenos Aires, donde luego forjó un perfil académico orientado a las garantías constitucionales.
Tras años de carrera, prestó juramento para asumir la titularidad del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 en diciembre de 2023. Sin embargo, no es la primera vez que su nombre ocupa los titulares de los diarios y genera el repudio de sectores vinculados a los reclamos de seguridad.
De Marinis ya se encontraba bajo el estricto escrutinio público por resoluciones previas vinculadas a menores en conflicto con la ley penal. Su figura había generado una enorme controversia a fines de 2023 por su intervención en el emblemático caso de Arturo López, el playero de un estacionamiento comercial en el microcentro porteño que, en noviembre de 2021, fue brutalmente golpeado a traición por un joven de 17 años (identificado como Carlos Manuel A.) tras una discusión por un vehículo.
Aquel golpe le provocó a López un trauma craneal severo, dejándolo con secuelas neurológicas irreversibles, afasia y dependencia de por vida. El agresor, que estuvo prófugo de la Justicia durante cinco meses, fue finalmente condenado a cuatro años y medio de prisión de cumplimiento efectivo. Sin embargo, meses después de la condena, fue la jueza De Marinis quien dispuso atenuar las condiciones de detención, otorgándole al joven la libertad ambulatoria bajo la modalidad de monitoreo electrónico (tobillera), un beneficio que desató la indignación y el llanto de las hijas de la víctima frente a las cámaras de televisión.
Ese antecedente es el que hoy utilizan los funcionarios del oficialismo para argumentar que el accionar de la jueza no responde a una interpretación aislada de la ley, sino a un «patrón ideológico» que sistemáticamente beneficia a los victimarios por encima de los derechos de las víctimas y la paz social.
El futuro del Régimen Penal y el debate que viene
Este nuevo fallo suma el segundo revés judicial de peso para los regímenes que buscan endurecer el trato hacia los menores en menos de un mes, abriendo un escenario de total incertidumbre jurídica. Mientras el Gobierno porteño prepara la maquinaria para el impeachment local y apela el fallo de inconstitucionalidad ante la Cámara, en los pasillos de los tribunales se espera un efecto dominó.
Es altamente probable que decenas de defensores públicos y abogados penalistas utilicen el fallo de De Marinis como precedente directo para solicitar la nulidad de las causas y el sobreseimiento de cientos de menores que hoy se encuentran bajo el paraguas del nuevo Régimen Penal Juvenil.
La disputa pone de manifiesto la enorme brecha que existe entre los tiempos de la política, que busca mostrar resultados inmediatos y números de detenciones en alza frente a un electorado exhausto por la inseguridad, y los tiempos de un sector del Poder Judicial que se aferra a los tratados internacionales de Derechos Humanos y a la Convención sobre los Derechos del Niño, los cuales obligan a agotar todas las instancias de resocialización antes de recurrir a la privación de la libertad de un menor.
Lo que suceda en los próximos meses en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad definirá mucho más que el destino laboral de Laura De Marinis. Trazará la línea roja de hasta dónde el poder político puede presionar a los jueces de primera instancia y determinará si el nuevo modelo de seguridad impulsado por el PRO en la Capital Federal logra sostenerse en los tribunales o si termina naufragando frente a los controles de constitucionalidad.
