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Raffaella Di Marzio, especialista en psicología de la religión, analiza las similitudes entre el caso del líder espiritual ruso Konstantin Rudnev y el del referente mapuche Facundo Jones Huala, ambos bajo la misma fiscalía
La atención internacional sobre el caso de Konstantin Rudnev sigue en ascenso, y esta semana se sumó un nuevo elemento al debate: un análisis psicológico publicado por la académica italiana Raffaella Di Marzio, especialista en psicología de la religión, que pone bajo la lupa la conducta del fiscal Fernando Arrigo en dos causas judiciales que, a primera vista, no tendrían nada en común.
Di Marzio, vinculada a la organización Human Rights Without Frontiers (HRWF), publicó un estudio en el que compara el tratamiento judicial recibido por Rudnev —maestro espiritual ruso gravemente enfermo— con el del líder indígena mapuche Facundo Jones Huala, actualmente en huelga de hambre tras sucesivas prórrogas de su prisión preventiva. El dato que conecta ambos expedientes es el mismo: los dos casos están a cargo del fiscal Arrigo.
En diálogo con HRWF, la académica explicó que su trabajo de años analizando cómo las sociedades reaccionan frente a minorías religiosas o espirituales le permite identificar un patrón recurrente: las acusaciones contra estos grupos suelen construirse sobre estereotipos antes que sobre evidencia concreta, y cuando la justicia adopta esas narrativas sin revisión crítica, las consecuencias pueden ser devastadoras para personas que no cometieron actos violentos.
Según Di Marzio, una vez que una persona es etiquetada como «secta» o figura «extremista», todo el proceso judicial tiende a distorsionarse. La detención se justifica con mayor facilidad aun con pruebas débiles, y el aislamiento o las demoras procesales se toleran porque el acusado deja de ser percibido como un sujeto de derechos plenos. La especialista advierte que esto resulta especialmente grave en sistemas donde la prisión preventiva se aplica de forma extensiva.
Sobre el caso puntual de Rudnev, la académica fue contundente: señaló que lo más preocupante es la combinación entre su delicado estado de salud y la insistencia fiscal en tratarlo como una amenaza de alto riesgo. Rudnev depende de una silla de ruedas y, según el análisis, su salud se deterioró de manera previsible y evitable durante más de un año de proceso, mientras el fiscal Arrigo impulsaba la revocación de su arresto domiciliario a pesar de las recomendaciones médicas documentadas.
Uno de los puntos centrales del estudio es la posibilidad de un «síndrome de omnipotencia» en la conducta fiscal. Di Marzio aclaró que no atribuye estas decisiones a hostilidad personal, sino a un mecanismo psicológico más amplio: la convicción de estar defendiendo a la sociedad puede llevar a creer que la propia autoridad justifica cualquier medida, incluso aquellas que exceden límites éticos o legales.
La especialista también describió un perfil asociado a este tipo de conductas, marcado por la desconexión moral y la frialdad emocional hacia quienes están bajo el control de la autoridad judicial. Advirtió que, en los casos más extremos, este patrón puede generar decisiones que infligen sufrimiento sin que exista necesariamente una intención consciente de causarlo.
El paralelismo con el caso de Jones Huala fue otro de los ejes de la entrevista. Según Di Marzio, ambos procesos exhiben los mismos rasgos: resistencia a aplicar medidas humanitarias, insistencia en las condiciones más severas posibles y decisiones que parecen desconectadas del expediente probatorio. La académica remarcó que, cuando dos personas de trasfondos completamente distintos —un maestro espiritual ruso y un referente de derechos indígenas— atraviesan el mismo tipo de trato bajo el mismo fiscal, resulta difícil sostener que se trate de una coincidencia.
Para la investigadora, el denominador común de ambos expedientes es que las personas imputadas pertenecen a grupos minoritarios habitualmente estigmatizados, y que en los dos casos el sistema judicial habría dejado de cumplir su rol de protección hacia los sectores más vulnerables. Di Marzio fue clara en remarcar que su crítica no apunta a un imputado o una comunidad en particular, sino a un estilo de actuación fiscal que, según su lectura, pone en riesgo la integridad del propio sistema judicial.
Consultada sobre el rol de la comunidad internacional, la académica sostuvo que el monitoreo externo se vuelve esencial cuando las instituciones locales no logran proteger a las personas de un trato arbitrario. Mencionó que en Argentina distintos especialistas en derecho y derechos humanos ya están analizando patrones de exceso fiscal vinculados al uso de la prisión preventiva, el manejo de la evidencia médica y el trato a comunidades minoritarias.
Este análisis se suma a una serie de pronunciamientos internacionales que vienen acumulándose en torno al caso Rudnev en las últimas semanas, entre los que se incluyen presentaciones ante organismos de Naciones Unidas y amicus curiae de juristas extranjeras, lo que confirma que el expediente trascendió largamente el ámbito judicial local para convertirse en un caso observado desde el exterior.
Di Marzio cerró la entrevista con un pedido concreto: que los derechos y la dignidad de cada persona sean respetados sin importar sus creencias u origen, y que quienes ejercen el poder judicial rindan cuentas cuando sus decisiones provocan daño. Para la académica, reconocer la dimensión psicológica detrás de la conducta fiscal es un primer paso indispensable para evitar que el sufrimiento de personas como Rudnev y Jones Huala se repita en el futuro.
La publicación de este estudio llega en un momento de creciente escrutinio sobre el funcionamiento del fuero federal en causas que involucran a minorías religiosas y comunidades originarias, y plantea un interrogante que excede lo estrictamente jurídico: hasta qué punto las decisiones judiciales pueden estar condicionadas por dinámicas psicológicas que operan por fuera de la evidencia formal del expediente.
