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Fernando Arrigo, jefe de la Fiscalía Descentralizada de Bariloche, está a cargo del caso Rudnev, pero también aparece en la causa del líder mapuche Jones Huala y en el expediente por la muerte de Franco Casco. En los tres casos, defensores y observadores internacionales señalan irregularidades en el manejo de la evidencia y uso desproporcionado de la prisión preventiva. La defensa de Rudnev formalizó su recusación por «falta absoluta de objetividad».
Fernando Arrigo, jefe de la Fiscalía Descentralizada de Bariloche, es el fiscal a cargo de la causa contra Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso acusado de presunta trata de personas. Pero su nombre aparece también en otros dos expedientes que generaron controversia pública y que, según organismos internacionales y defensores de derechos humanos, revelan un patrón preocupante en el manejo de investigaciones penales complejas.
El primero es el caso del líder mapuche Facundo Jones Huala, donde defensores y observadores internacionales documentaron una serie de irregularidades: divulgación prematura del arresto, extensiones automáticas de la prisión preventiva sin cargos formales, negativa a trasladar al detenido a un establecimiento más adecuado a sus condiciones de salud y politización del caso. Cuando el juez Ezequiel Andreani ordenó el traslado de Jones Huala a Esquel, la Fiscalía de Bariloche presentó una apelación firmada por Arrigo que paralizó la ejecución de la decisión. Durante una huelga de hambre, Jones Huala debió ser trasladado de urgencia a terapia intensiva con hemorragias internas graves. «Los críticos argumentan que la fiscalía ignoró estas consecuencias», escribió el abogado internacional Alessandro Amicarelli en un análisis publicado en The European Times.
El segundo expediente que vincula a Arrigo con señalamientos similares es el de la muerte de Franco Casco, un joven que desapareció en Rosario en 2014 tras ser detenido por la policía y cuyo cuerpo fue hallado en el río Paraná. La familia y organizaciones de derechos humanos denunciaron torturas y desaparición forzada. Arrigo participó en esa investigación, ampliamente cuestionada por irregularidades y manejo deficiente de la evidencia forense. Los policías involucrados fueron absueltos y posteriormente presentaron una denuncia ante el Fiscal General acusando a Arrigo de falsificación de pruebas. Esa denuncia permanece paralizada. «Esto genera la impresión de que no existe voluntad de avanzar», señala Amicarelli.
En el caso Rudnev, el patrón que describen la defensa y los organismos internacionales tiene consecuencias concretas y documentadas. La defensa de Rudnev, a cargo de los abogados Martín Sarubbi y Ramón Giménez, presentó en mayo de 2026 un pedido formal de recusación contra los fiscales Arrigo, Labal y Révora, a quienes acusaron de haber perdido «toda objetividad» en el desarrollo de la investigación. El escrito sostiene que la conducta de los representantes del Ministerio Público Fiscal durante las últimas audiencias demuestra una actitud «obstinada» orientada únicamente a perjudicar a los imputados. «Existe una absoluta falta de objetividad. La actuación fiscal persigue perpetuar una prisión preventiva innecesaria, irrazonable y desproporcionada», afirmó Sarubbi en el escrito.
Uno de los episodios que la recusación describe con mayor detalle ocurrió durante las audiencias vinculadas al traslado de Rudnev desde Rawson hacia el domicilio de San Vicente donde debía cumplir el arresto domiciliario. Sarubbi había ofrecido solventar completamente un traslado aéreo para evitar un viaje terrestre de casi 24 horas, dado el delicado estado de salud del imputado. Existía predisposición de organismos de seguridad para facilitar el operativo. La Policía Federal llegó incluso a ofrecer una aeronave de su flota institucional. Sin embargo, la fiscalía se opuso. «Lo único que ofrecíamos era evitar un perjuicio de imposible reparación. La oposición fiscal demostró una actitud de oponerse por oponerse», afirmó el abogado.
El cuestionamiento más grave que emerge del escrito de recusación apunta al tratamiento del testimonio de la presunta víctima. Según la defensa, la mujer señalada por la fiscalía como víctima del delito de trata declaró formalmente que no fue víctima de coerción, explotación ni violencia. Los fiscales no estuvieron presentes durante esa audiencia testimonial. Tampoco asistió el juez. «Sabían de antemano que ella iba a declarar en contra de la construcción fiscal», sostuvo Sarubbi. «Ella explicó que terminó convertida en víctima por la propia actuación de la fiscalía», agregó el defensor.
Esta conducta no es aislada según el análisis de Amicarelli. El artículo en The European Times señala que la propia mujer presentó una denuncia ante el Fiscal General contra Arrigo y otros fiscales, acusándolos de forzarla a reconocerse como víctima y someterla a diversas formas de presión. La denuncia fue remitida a la propia Fiscalía y archivada rápidamente por falta de mérito. «Esto ilustra un problema estructural serio: en el sistema fiscal argentino, las denuncias contra fiscales son ineficaces y los funcionarios no asumen responsabilidad por sus actos, incluso en casos de presunto abuso de poder», escribió Amicarelli.
El cierre del artículo interpela directamente a las más altas esferas del Poder Ejecutivo argentino. «El Presidente de Argentina, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad tienen ahora la oportunidad de corregir esta situación. Deben garantizar que fiscales, jueces y otros funcionarios actúen estrictamente dentro de la ley y respeten plenamente los derechos humanos, los principios del juicio justo y la dignidad humana de todos los participantes en los procesos judiciales», escribió el abogado internacional.
