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Un informe técnico de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional concluyó que no fue posible validar el origen ni atribuir las voces registradas en los archivos incorporados a la causa. El estudio detectó discontinuidades, indicios de edición, posible uso de inteligencia artificial y una ruptura previa en la cadena de custodia.
Fallas de preservación, cortes e indicios de regrabación
El análisis especializado sobre los archivos de audio adjudicados al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, arrojó severas inconsistencias técnicas que impidieron certificar su validez como prueba fehaciente.
Según el informe pericial, los materiales examinados mostraron rasgos de transferencia acústica —fenómeno compatible con una regrabación— y cortes abruptos en el flujo del sonido que resultan incompatibles con un registro continuo e ininterrumpido.
Asimismo, los peritos oficiales y de parte remarcaron que la cadena de custodia del material se vio vulnerada antes de que los audios ingresaran a la instancia de laboratorio, lo que invalidó la trazabilidad de la prueba.
El riesgo de manipulación con inteligencia artificial
En el dictamen presentado ante el fuero federal, los especialistas consignaron que no es posible descartar la intervención de herramientas avanzadas de inteligencia artificial para clonar o alterar voces.
Esa hipótesis había sido sostenida de forma reiterada por la defensa de Spagnuolo desde el inicio del expediente, argumentando que las grabaciones difundidas en medios de comunicación habían sido armadas de manera apócrifa.
Ante la imposibilidad técnica de comprobar si los archivos sufrían procesos de edición digital, la pericia determinó que no se puede realizar una asignación de voz concluyente respecto de ninguno de los imputados.
Cómo continúa la investigación en el juzgado de Ariel Lijo
La causa tuvo su origen en la circulación pública de audios donde presuntamente se describía una maniobra de cobro de retornos a droguerías y prestadores médicos de la agencia estatal.
En uno de los tramos de esas grabaciones se hacía mención a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como supuesta destinataria de una fracción de los fondos, aunque la funcionaria nunca estuvo imputada en el expediente.
El juez federal Ariel Lijo deberá evaluar el alcance del dictamen forense. Fuentes judiciales aclararon que la invalidez pericial de los audios no dispone de manera automática el sobreseimiento de los investigados ni detiene otras medidas de prueba vinculadas a las contrataciones del organismo.
