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Tras varios días de conflicto que paralizó la actividad en los principales puertos del país, el Gobierno nacional alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje que permitirá normalizar la operatoria y destrabar una situación que ya generaba pérdidas millonarias para las exportaciones y el abastecimiento de combustibles.
El entendimiento contempla la suspensión de la aplicación del decreto que desregulaba el servicio de practicaje, una reducción del 20% en las tarifas y la conformación de una mesa de trabajo para revisar la normativa cuestionada por el sector.
Qué establece el acuerdo
A través de un comunicado oficial, el Gobierno informó que los prácticos retomarán sus tareas de manera inmediata, lo que permitirá restablecer la asistencia a la navegación de los buques que permanecían detenidos en distintos puertos del país.
Además, se resolvió dejar en suspenso la aplicación del Decreto 690/2026 mientras avanzan las negociaciones en una mesa integrada por representantes del Ejecutivo, junto con áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos competentes.
Según explicó la administración nacional, ese espacio analizará los distintos aspectos vinculados con la actividad para alcanzar un acuerdo definitivo sobre el nuevo esquema regulatorio.
Más de 185 barcos permanecían varados
La interrupción del servicio de practicaje había provocado una de las mayores afectaciones de la logística portuaria de los últimos años.
Solo durante este martes se sumaron más de 45 buques al polo exportador del Gran Rosario, que se agregaron a los 140 barcos que ya permanecían a la espera desde el lunes, elevando el total a más de 185 embarcaciones demoradas.
El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, advirtió que, de no resolverse el conflicto, otros 30 barcos podían quedar inmovilizados durante la jornada.
El dirigente comparó el costo de la demora con «un taxi que sigue cobrando mientras permanece detenido», en referencia a los elevados sobrecostos que afrontan las compañías navieras por cada día de espera.
El origen del conflicto
La disputa comenzó el pasado 1° de agosto, luego de la publicación del Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La norma modificó el régimen vigente desde 1991 para los servicios de practicaje y pilotaje. Entre los principales cambios, creó un registro abierto de profesionales bajo la órbita de la Prefectura Naval Argentina, permitió a las empresas elegir libremente a los prestadores del servicio, eliminó restricciones para el ingreso de nuevos operadores y otorgó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación la facultad de fijar tarifas máximas.
El objetivo oficial era aumentar la competencia y reducir los costos logísticos de la actividad portuaria.
El impacto sobre las exportaciones y el abastecimiento
Las consecuencias del paro trascendieron al complejo agroexportador.
La Cámara Argentina de Energía (CADE) informó que la medida también interrumpió operaciones en terminales de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova, afectando el movimiento de combustibles como nafta, gasoil, fuel oil y petróleo crudo.
Entre las maniobras suspendidas figuró la del buque White Marlin, que debía participar de tareas vinculadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto que conectará la producción neuquina con la costa de Río Negro.
Las empresas del sector advirtieron que una prolongación del conflicto podía comprometer el abastecimiento de combustibles en distintas regiones del país, especialmente en la Patagonia.
La posición del Gobierno
Antes de alcanzarse el acuerdo, la Prefectura Naval Argentina había intimado a los profesionales del sector a retomar inmediatamente sus funciones, bajo apercibimiento de sanciones administrativas e incluso denuncias penales.
Desde la Casa Rosada defendieron la reforma impulsada por el Ejecutivo al sostener que buscaba reducir el denominado «costo argentino» mediante una mayor competencia entre prestadores.
Datos del Ministerio de Desregulación indicaban que el servicio de practicaje en Argentina figura entre los más costosos del mundo. Según esos registros, asistir a un buque tipo Panamax en el Río de la Plata y el Puerto de Buenos Aires cuesta USD 16.903, más de tres veces el valor que se cobra en puertos como Gdańsk, en Polonia (USD 4.729), o Everglades, en Estados Unidos (USD 4.476).
Se abre una nueva etapa de negociación
Con el acuerdo alcanzado este martes, la actividad portuaria comenzará a normalizarse mientras el Gobierno y los representantes del sector avanzan en una negociación para revisar los alcances del Decreto 690/2026.
La conformación de la mesa de trabajo busca compatibilizar el objetivo oficial de desregular el servicio con los reclamos de los prácticos, evitando nuevas interrupciones en una actividad estratégica para las exportaciones y el abastecimiento energético del país.
