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La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entró en una etapa clave: la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional comenzó a peritar los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, mientras los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez avanzan con un pedido de 29 nuevas indagatorias.
Qué se investiga en la pericia
La medida fue ordenada por la Sala II de la Cámara Federal porteña e impulsada finalmente por el juez Ariel Lijo, luego de un largo derrotero judicial que incluyó postergaciones sucesivas, la última de ellas desde el 22 de julio. El objetivo del peritaje es determinar el origen y la autenticidad de las grabaciones que se filtraron a la prensa en agosto de 2025 y que dieron origen a la denuncia penal.
Los especialistas de Gendarmería deberán verificar si existieron manipulaciones, cortes o el uso de herramientas de inteligencia artificial —como clonación de voz o síntesis automática— en los archivos que circularon públicamente. La defensa de Spagnuolo, a cargo del abogado Mauricio D’Alessandro, sostiene que los audios habrían sido manipulados con inteligencia artificial, una hipótesis que la pericia buscará confirmar o descartar.
Persiste, además, la incógnita sobre si el propio Spagnuolo se presentará a dejar una muestra de su voz. El exfuncionario se negó reiteradamente a hacerlo, argumentando que la medida implicaría una autoincriminación y vulneraría su garantía constitucional a no declarar contra sí mismo. El juez Lijo ya adelantó que el estudio forense avanzará con o sin su colaboración.
El expediente: sobreprecios y una recaudación por 75.000 millones de pesos
La causa investiga maniobras de corrupción en las compras de medicamentos y contrataciones de la ANDIS mediante delitos de administración fraudulenta, estafa, cohecho y asociación ilícita. El juez federal Sebastián Casanello, que instruyó una línea paralela del expediente, procesó a quienes encabezaron el organismo y determinó que el Estado pagó sobreprecios por 5.984.594.394 pesos, equivalentes a unos cuatro millones de dólares.
En su fallo, Casanello advirtió que «el esquema delictivo parecería no agotarse» en los hechos que dio por probados, y dejó abierta la puerta a que la investigación se extienda a otros responsables aún no identificados. Actualmente hay 19 personas procesadas en el expediente.
Los fiscales Picardi y Rodríguez, por su parte, profundizaron en una línea de investigación distinta que apunta a «negocios espurios» por unos 75.000 millones de pesos. Según su dictamen, la ANDIS habría operado como «una permanente ventanilla de pagos indebidos para sostener negocios espurios, en perjuicio del Estado». A partir de esa hipótesis, solicitaron 29 nuevas indagatorias que amplían el círculo de imputados original, entre ellos Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete y otras 27 personas vinculadas al esquema.
El rol de Calvete y los cuadernos hallados en su domicilio
Miguel Ángel Calvete aparece señalado como una pieza clave del entramado. En un allanamiento a su vivienda se hallaron cuadernos que, según la fiscalía, funcionaban como registros internos de la operatoria: nombres de empresas, montos detallados y otras anotaciones que permitirían reconstruir el circuito de recaudación ilegal.
La investigación también alcanzó a Ornella Calvete, hija de Miguel Ángel, que hasta el estallido del caso se desempeñaba como funcionaria del Ministerio de Economía. Fue procesada por participar presuntamente de los negocios ilegales de su padre; en su domicilio se secuestraron 695.457 dólares, 19.996.200 pesos y 1.960 euros en efectivo, según consta en el expediente.
La respuesta oficial y el contexto político
El caso generó fuerte repercusión política desde el primer momento por la cercanía de Spagnuolo con el presidente Javier Milei, quien lo había designado director de la ANDIS por decreto en diciembre de 2023. Tras la difusión de los primeros audios, el vocero presidencial Manuel Adorni informó que el Gobierno había iniciado una auditoría interna, designado un interventor y desplazado al entonces funcionario investigado, al tiempo que remarcó que la filtración se producía «en un contexto electoral».
Pese al escándalo, en las últimas semanas se conoció que el Estado volvió a contratar a la droguería Suizo Argentina —de la familia Kovalivker, también mencionada en los audios originales— a través del portal de compras Comprar, luego de casi tres meses de cerrojo administrativo sobre la empresa.
Qué sigue en el expediente
Con el peritaje de voz en marcha y las 29 indagatorias pedidas a la espera de la resolución de Lijo, la causa ANDIS mantiene un ritmo de avance sostenido. La instrucción del expediente deberá definir en las próximas semanas si el círculo de imputados se amplía formalmente y si la pericia logra establecer con certeza la autenticidad de las grabaciones que originaron todo el caso.
Cabe remarcar que todas las personas mencionadas en esta nota se encuentran amparadas por el principio de inocencia hasta que exista una sentencia firme en su contra, y que las imputaciones actuales corresponden a la etapa de instrucción del proceso judicial.
