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La reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil terminó sin acuerdo este viernes y el Gobierno quedará habilitado a fijar el nuevo piso salarial por decreto, luego de que la CGT y las dos CTA se retiraran del encuentro virtual convocado por la Secretaría de Trabajo.
Un encuentro virtual que la CGT no quería
El encuentro, presidido por la subsecretaria Claudia Testa, se realizó de manera virtual pese al pedido formal que había hecho la CGT el 21 de agosto para que la reunión fuera presencial. Ese reclamo no fue aceptado por Trabajo, lo que derivó en el retiro de los representantes sindicales antes de que se pudiera avanzar en una propuesta consensuada.
Al no existir acuerdo entre las partes, el Poder Ejecutivo queda en condiciones de laudar el nuevo valor del salario mínimo, tal como ocurrió en la última reunión plenaria del Consejo, realizada el 26 de noviembre de 2025, cuando tampoco hubo consenso y el Gobierno terminó fijando un esquema escalonado de aumentos que llegó hasta los 376.600 pesos vigentes desde el 1 de agosto.
La brecha entre CGT y empresarios
La CGT llegó a la reunión con un pedido de piso de 911.000 pesos, mientras que el sector empresario, representado por la Unión Industrial Argentina, ofreció una cifra apenas superior a los 400.000 pesos. Esa diferencia de casi 511.000 pesos entre ambas posiciones dejó en evidencia la distancia que separa hoy a sindicatos y cámaras empresarias sobre el valor real que debería tener el ingreso mínimo de un trabajador argentino.
El pedido de la CGT representa un aumento del 142 por ciento sobre el salario mínimo vigente. Aunque en la comparación sindical suele circular la cifra de un aumento cercano al 300 por ciento, esa proporción surge cuando se toma como base valores previos más bajos o se calcula sobre la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2023, y no sobre el monto actualmente vigente.
La cifra paralela: el «salario mínimo garantizado»
Por fuera de la discusión formal del Consejo del Salario, la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, avanza en paralelo con un concepto distinto: un llamado salario mínimo garantizado de 1.070.000 pesos brutos, equivalente a unos 860.000 pesos en mano, pensado para incorporarse a los nuevos convenios colectivos en el marco de la reforma laboral que impulsa el Gobierno. Se trata de una figura separada del salario mínimo, vital y móvil tradicional, y todavía no fue consultada formalmente con el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.
La CGT recibió esa propuesta con desconfianza. Varios dirigentes sindicales la calificaron como una operación de prensa, en la medida en que no surgió de una negociación paritaria sino de un anuncio unilateral de la Secretaría de Trabajo, sin fecha ni mecanismo claro de implementación.
Quiénes participaron de la mesa
De la reunión de este viernes participaron, por el sector empresario, Juan José Etala, José Luis Zapata y Horacio Martínez, sin la presencia del titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja. Por el lado sindical, la CGT y las centrales de trabajadores CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores mantuvieron una postura unificada en el reclamo por la modalidad presencial de las negociaciones, algo que finalmente no fue respetado por el organismo oficial.
El trasfondo: endeudamiento y morosidad récord
El trasfondo de esta discusión salarial se conecta directamente con otro reclamo que la central obrera viene sosteniendo desde hace semanas: la crisis de endeudamiento y morosidad récord que atraviesa a las familias argentinas. La semana pasada, la CGT, las dos CTA y organizaciones sociales marcharon hasta el Ministerio de Economía para entregar un documento en el que piden una regulación más estricta del Banco Central sobre las tasas de interés de bancos, aplicaciones financieras y billeteras virtuales, además de un programa de refinanciación de deudas con tasas acordes a la evolución real de los ingresos.
Según datos del Banco Central citados por la propia CGT, más de 20 millones de personas mantienen deudas con entidades bancarias y no bancarias en el país, y la morosidad en créditos personales se cuadruplicó desde diciembre de 2023 hasta alcanzar el 17,5 por ciento a nivel nacional, con mayor incidencia en las regiones del norte y de Cuyo.
Qué sigue
Ahora, con la negociación del Consejo del Salario nuevamente fracasada, todas las miradas apuntan a la decisión que tomará el Poder Ejecutivo en los próximos días. Al cierre de esta nota no había una fecha confirmada para el anuncio del decreto que fijará el nuevo piso salarial, aunque fuentes cercanas al Ministerio de Trabajo no descartan que la definición se conozca antes de que termine la primera semana de septiembre.
Tampoco está claro si el llamado salario mínimo garantizado de 1.070.000 pesos avanzará como una referencia paralela dentro de los futuros convenios colectivos, o si terminará mezclándose en el discurso oficial con el propio salario mínimo, vital y móvil, generando una confusión adicional entre dos cifras que hoy responden a lógicas y objetivos completamente distintos.
Lo cierto es que, mientras la discusión formal se mantiene estancada, el poder adquisitivo del salario mínimo continúa perdiendo terreno frente al costo de vida. Distintos relevamientos privados coinciden en que la canasta de servicios públicos —luz, gas, agua y transporte— ya representa una porción creciente de ese ingreso básico, en un contexto donde la inflación acumulada del año sigue por encima de los aumentos salariales otorgados hasta el momento.
La definición del Gobierno sobre el nuevo piso salarial no solo impactará en el bolsillo de los trabajadores que perciben el mínimo, sino que también servirá como referencia para el cálculo de otras prestaciones sociales, entre ellas el seguro de desempleo y distintos planes asistenciales que toman como base el valor del salario mínimo, vital y móvil vigente en cada período.
Un patrón que se repite
El esquema de actualización que rige desde noviembre de 2025 estableció una serie de subas escalonadas mes a mes, que partieron de un piso de 334.800 pesos y llegaron, en agosto, a los 376.600 pesos actuales. Ese mecanismo fue definido unilateralmente por el Poder Ejecutivo ante la falta de acuerdo entre sindicatos y empresarios en aquella oportunidad, un antecedente que se repite ahora con la reunión de este viernes y que consolida un patrón: en los últimos dos llamados del Consejo del Salario, el Gobierno terminó siendo quien definió el valor final, sin el aval expreso de ninguna de las dos partes negociadoras.
Especialistas en relaciones laborales consultados por distintos medios económicos coinciden en que la falta de acuerdo dentro del Consejo del Salario refleja una tensión estructural más amplia: mientras las cámaras empresarias sostienen que un aumento cercano al reclamo sindical resultaría inviable para las pequeñas y medianas empresas en el actual contexto de actividad económica, los sindicatos insisten en que el salario mínimo perdió poder de compra de forma sostenida frente a la inflación acumulada desde el cambio de gestión, y que cualquier cifra por debajo de los 900.000 pesos resultaría insuficiente para cubrir una canasta básica familiar.
La próxima convocatoria del Consejo del Salario, en caso de producirse antes de fin de año, deberá además lidiar con el resultado de la decisión que tome ahora el Poder Ejecutivo, ya que cualquier laudo oficial se convierte automáticamente en el piso de la siguiente negociación. De esta manera, lo que se resuelva en los próximos días no solo definirá el ingreso de los trabajadores que cobran el mínimo durante los próximos meses, sino que también condicionará el punto de partida de la discusión salarial de cara a 2027.
